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Las recientes declaraciones de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC llamando nuevamente a la guerra, han crispado los ánimos en diversos sectores de la opinión pública del país. Respuestas de todo tipo, sin hacerse esperar, han podido ser oídas, pasando, desde las más reaccionarias y coléricas, hasta las más conciliadoras; mediadas todas, eso sí, por las visiones de temor y horror, que ha dejado la extrema violencia que ha acompañado el desarrollo del país durante los últimos 60 años.

Así mismo, cierto aire de pesimismo y reproche ha tomado para sí, el espacio del entorno que habitamos y el discurso que se escucha y repite constantemente en medios de comunicación y redes sociales; a lo cual, sumados los seguidos desafíos en la gestión de las relaciones internacionales, que han puesto al gobierno de tanto en tanto a evaluar escenarios de confrontación con países vecinos y en la mira de la comunidad internacional, a Colombia como una nación que no honra sus compromisos de estado; genera el escenario perfecto para retornar al pasado de la confrontación y a la comodidad que se halla en la despersonificación y desprecio por el otro, que ofrece la teoría del enemigo único.

Parece no bastar para calmar los ánimos, que más del 90% de los excombatientes de la extinta guerrilla adelantan hoy el camino, no libre de obstáculos y riesgos, de la reincorporación a la vida civil y que gran parte de los compromisos que adquirieron se están cumpliendo, a pesar de la indiferencia y el desprecio  de una buena parte de la población. En un macondiano hecho, la paz de Colombia les importa más a los extranjeros (en especial noruegos) que, a los ciudadanos del país andino, de la cordillera que se "trifurca" y que ha sufrido sin tregua los vejámenes de la guerra, en sus escasos dos centenarios de existencia.

En un libro titulado "Derecho a la esperanza", que recopila ensayos y reflexiones del industrial antioqueño Nicanor Restrepo Santamaría junto con una breve semblanza de su vida, se puede leer la historia de los múltiples procesos de paz que entablaron los gobiernos de Colombia con los grupos armados que ha conocido el país, de los cuales Nicanor Restrepo fue siempre protagonista, algunas veces por encargos oficiales y otras por un activismo proactivo y constructivo ejercido como miembro de la sociedad civil. En sus textos, Nicanor muestra que los intentos de paz en el país no han estado nunca exentos de dificultades y amenazas.  

Lo anterior, debe recordarnos, que los caminos de la paz no son serenos y nos exigen las cualidades más altas para lograr las transformaciones en la forma de relacionarnos y habitar con los otros el territorio que nos reúne. En la búsqueda de alcanzar, como diría Zuleta, la capacidad de vivir de manera constructiva el conflicto y la diferencia, para crear desarrollo y entendimiento en una sociedad hasta ahora esquizoide.

El derecho a la esperanza se traduce entonces, en la capacidad legítima e irreprochable que tenemos todos a aspirar y buscar vivir en un mundo mejor, que lejos de ser un paraíso de cucaña, podría ser un lugar donde todos caben, sin el afán normalizador de la sociedad industrial ni la indiferencia pragmática ante la fragilidad que ofrece la sociedad líquida. Tener derecho a la esperanza es saberse humano y usar la capacidad de transcender que nos brinda el pensamiento, para ir más allá del yo y las circunstancias.

Es por esto, que el momento actual ofrece, nuevamente, la posibilidad de reafirmar el compromiso con el fin del conflicto armado y con la construcción de las condiciones de paz en un país, que a pesar de las dificultades no pierde la alegría y la capacidad de reponerse, incluso, a las noches más oscuras. Sea este el momento, a invitarnos a discernir los hechos y a recordar, como diría Nicanor, el derecho a la esperanza del que gozamos todos.

*Esta reflexión fue publicada originalmente el 26 de septiembre de 2019 en la sección de opinión de UdeA Noticias

Durante siglos, el imperio romano construyó y mantuvo una extensa red de caminos que sirvieron para conectar los vastos territorios conquistados y consolidar su poderío económico y militar. A través de sus calzadas, lograron no solo irrigar su poder político y administrativo en todos sus dominios, sino facilitar el desarrollo de actividades privadas que generaron riqueza y crecimiento económico. Muchas investigaciones coinciden en que una buena parte del éxito de los romanos se debió precisamente a su visión y avances en el diseño, construcción, y uso de la infraestructura. 

Muestra de esa maestría que alcanzaron los romanos en la arquitectura y la ingeniería, es que muchos de los 80.000 kilómetros de calzadas que se estima construyeron, fueron corredores estratégicos que después de la caída de su imperio, continuaron permitiendo la movilización de personas, ejércitos y mercancías en toda Europa. De hecho, en el apogeo de su esplendor, la vía de Apia (el caminó más importante del imperio romano), llegó a extenderse por cerca de 540 km y sirvió de columna vertebral a casi media península itálica. 

Claramente, el imperio romano no es el único buen ejemplo de inversión en infraestructura de transporte. Países como EEUU, Francia, China y Alemania desarrollan y mantienen importantes redes de carreteras y vías férreas como parte de su estrategia de crecimiento económico. Siendo uno de los más destacados el caso de Pekín, que, con su nueva ruta de la seda, busca conectar a la economía China de una forma más eficiente y con mayor impacto político con el resto de las economías de Asía, Europa y África; siendo una muestra más, de la quizá bien llamada, "asertividad china". 

En este contexto, en el que organizaciones multilaterales como el BID y la OCDE destacan a la inversión en infraestructura como uno de los factores claves en el desarrollo económico y continuamente monitorean el porcentaje del PIB que los países invierten en este rubro, en el que el Banco Mundial mide el índice de desarrollo logístico y el Foro Económico Mundial tiene dentro de los pilares del índice de competitividad global el reglón de infraestructura; los gobiernos de muchos países en vía de desarrollo han procurado como estrategia incrementar el porcentaje de recursos que invierten en esta materia. 

No obstante, lejos de ser una relación simple (directa y causal) la que existe entre infraestructura y desarrollo, un análisis más agudo revela que son múltiples y complejas las interacciones que existen entre ellas. Por ejemplo, la ausencia de infraestructura en una región próspera puede limitar el crecimiento de la actividad económica, pero la presencia de esta podría no tener ningún efecto en una zona inhóspita o con pobres condiciones para el florecimiento del capital social. Si bien en muchos casos, es posible observar un circulo virtuoso entre la inversión de infraestructura y el desarrollo, esto no ocurre en todos los casos. 

En su informe del año 2018, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), señaló que inversiones en infraestructura no necesariamente impulsan la prosperidad de las economías de los países en vías de desarrollo; esto en buena parte porque el discurso actual se centra en la rentabilidad de las inversiones, convirtiendo a la infraestructura en simples activos financieros, dejando de lado el vínculo que la une con la industrialización. 

Tal y como dijo Albert Hirschman, la planificación de la inversión de largo plazo en infraestructura es "una cuestión de fe en el potencial de desarrollo de un país o región", por lo cual la óptica exclusiva del retorno sobre la inversión podría en vez de desarrollar territorios, profundizar aún más las brechas existentes y fomentar la concentración excesiva de la inversión en áreas donde un impulso adicional poco se requiere. Retomando lo expresado por la UNCTAD, este enfoque, excesivo si se quiere, en la rentabilidad, ignora que la infraestructura acompañada de otros factores, puede impulsar la transformación productiva que requiere la mayoría de regiones de los países en vía de desarrollo. 

Más allá del debate de causalidad o correlación entre vías (infraestructura) y desarrollo, necesario y productivo en cada nación y contexto, es importante para el caso colombiano, buscar conciliar las necesidades de los territorios y las expectativas y fortalezas de la vinculación de capital privado, en una política consistente y seria para el desarrollo de la infraestructura del país a largo plazo. 

En esto no hay que desconocer los avances que Colombia viene realizando. El nuevo modelo de concesiones para el desarrollo de infraestructura vial, llamado en nuestro país 4G, realizó un avance fundamental al acabar y reducir incentivos perversos en la ejecución de proyectos de infraestructura, limitando la entrega de anticipos de dineros públicos y la extensión en plazos de ejecución sin consecuencias reales; elevando así los estándares de contratación de obras públicas. No obstante, se debe tener cuidado con el amor ciego a la rentabilidad sobre la inversión que se viene pregonando desde distintas instituciones del orden nacional, que, si bien puede ser un mantra para la iniciativa privada, no debe serlo así en los asuntos de lo público. 

Precisamente en sus notas de infraestructura de país: región andina, de abril de 2019, el BID hace notar importantes avances en la inversión en infraestructura realizados por Colombia, como que en el 2015 la inversión en este rublo alcanzó el 6.5% del PIB y que se contó con una participación de aproximadamente el 63% por parte sector privado en esta cifra, principalmente en proyectos de transporte; pero también destaca los enormes desafíos del país en esta materia, entre ellos: 

Pese a que convulsionado parece ser el mejor adjetivo para describir a Colombia, no deja de extrañar la relevancia de los hechos que tan sólo en las primeras cuatro semanas del 2019 se han presentado en el país.

Denuncias de manipulación y abuso por parte de altos funcionarios del Estado de procesos judiciales en su contra, atentados terroristas, la ruptura del proceso de paz de la Habana, la confirmación de una descarada acción de censura y las amenazas contra la vida de miembros de la comunidad universitaria; se suman a la ya incontenida masacre de líderes sociales, exponiendo la naturaleza compulsiva de una sociedad inmadura y precaria.

Lejos de ser la ultima ratio en el ideario colectivo, la violencia en Colombia constituye el camino fácil y directo a la consecución de los fines, sea cual sea su esencia. Desgasta el diálogo y por tanto se evita; molesta la diferencia y por eso se extirpa; el más tímido desacuerdo se toma como un desafío directo al estado de cosas; y cualquier atisbo de argumentación por ligeramente elaborada que sea, se analiza con aguda desconfianza, macartizando el más mínimo y deseable uso de ciudadanía con criterio.

En los hogares, instituciones educativas y empresas, el miedo y sus "instituciones" han hecho carrera; gracias al eco sustentado en los rezagos de una cultura servil y de privilegios concentrados, heredada de un pasado colonial lleno de abusos y reprimendas; en donde el despojo, la ignorancia y la certeza de la fe; no alcanzaron a coexistir con la iniciativa individual, las oportunidades económicas y los derechos políticos; por lo que las aspiraciones legítimas de tener una sociedad de iguales en estos aspectos, asustan, y como no, asquean.

Risas burlonas en el congreso y alusiones a la necesidad de no morder la mano de quien alimenta para justificar la censura, no son más que manifestaciones de las ideas, de que la violencia lo soluciona todo y el privilegio autoriza a actuar sin límite moral; cuya máxima expresión se encuentra en ataques terroristas que destruyen vidas.

Y como si estos hechos no fueran ya, suficientes males, la más fría indiferencia permite que vivamos la contradicción, lejos del hastío y la responsabilidad, en la miopía de la vida diaria.