Inicialmente esta columna tenía como tema el papel de la opinión pública en la probabilidad de éxito en el proceso de paz, pronto me dí cuenta que para comprenderlo es necesario realizar algunas precisiones que permitan definir y contextualizar lo que llamamos proceso de paz. A continuación se presentarán algunas definiciones y un modelo simple sobre las etapas del proceso de paz y los factores que condicionan el éxito en cada una de ellas y por último una discusión sobre la legitimidad en el proceso.
Lo primero que se debe observar, es que el nudo gordiano que se nos presenta como proceso de paz, es en realidad una serie de fases eslabonadas sujetas a condiciones y factores diversos, cuyos resultados o propósitos son de naturaleza distinta y compleja, esta son en su orden: negociación, refrendación y aplicación.
Negociación
Durante la primera etapa, el objetivo es el consenso, el cual puede alcanzarse de tres maneras. La primera consiste en que una de las dos partes adopte los intereses o fines de la otra (una concesión total), la segunda que ambas adopten intereses y fines de la otra, lo cual implica que abandonen necesariamente una fracción de los suyos (una concesión parcial), y la tercera que en el proceso de negociación se encuentren unos nuevos intereses y fines tan atractivos que las hagan desistir de mantener los que en un principio generaron el conflicto. Para el Gobierno y las FARC es claro que en el caso colombiano, nos encontramos ante el segundo escenario de construcción de consenso.
Refrendación
Si bien al inicio se dijo que en esta etapa se sometería a aprobación todo lo acordado en la Habana, su propósito no es otro que comprometer a la población en el cumplimiento del consenso que los equipos negociadores de ambos bandos construyeron. Ahora se sabe que legalmente las decisiones que los plenipotenciarios no requieren de la aprobación popular en la urnas [1], sin embargo todos, tanto opositores como las partes del proceso entienden que solo la aceptación de las mayorías le brindará la legitimidad necesaria a lo acordado para que pueda ser llevado a la práctica. Esta paz es eminentemente un asunto político.
Aplicación
Por último la aplicación, que corresponde a la etapa de posconflicto, en la práctica estará compuesta por el cumplimiento de los compromisos más álgidos en el corto plazo: justicia transicional y participación política, dado que el resto del grueso de los acuerdos no son más que tareas pendientes que en la nada se alejan de los fines constitucionales del Estado: autonomía regional, desarrollo rural, justicia social y garantías para el ejercicio de la oposición.
De regreso a la actualidad del proceso
Durante los últimos días hemos presenciado que tanto las voces a favor como en contra del actual proceso de paz han agudizado su batalla mediática para crear condiciones frente al, que perece ser, inminente proceso de refrendación. No es fortuito que el principal partido de oposición en Colombia ahora invite a prolongar las negociaciones y a discutir con mayor calma cada uno de los puntos de la agenda, sea lo que sea lo que se firme en la mesa, con solo llevar como título la palabra PAZ, será difícil de derrotar en la urnas. Y aunque no es posible tener certeza absoluta sobre si habrá acuerdo en la Habana, todos los actores interesados reconocen que la favorabilidad de la opinión pública es el recurso clave que hoy se encuentra en disputa.
No son pocos los temas álgidos en discusión en esta oportunidad y con razón: justicia transicional y participación política son los escenarios y futuras realidades que precisamente demandan un mayor sacrificio ético y legal por parte del Estado colombiano como cuota para el fin de la guerra, y en todo caso necesarios, si se espera que la guerrilla haga entrega de las armas.
Y es que conviene hacer una afirmación dura pero necesaria. Lo que se negocia en cualquier proceso de esta clase principalmente, es una paz técnica y no una paz social. En la primera lo que se busca es el fin de la confrontaciones bélicas y el compromiso de aceptación de los rebeldes del conjunto de normas, mecanismos e instituciones nacionales, la de dejación de las armas y la garantía de no repetición (intereses particulares). Mientras que el conjunto de elementos que estructuran la paz social además de los anteriores, se encuentran los procesos de justicia social, verdad y reparación de víctimas, y los acuerdos sociales para poner fin a las causas-raiz del conflicto (intereses más allá de la mesa).
Lo cierto es que el proceso actual no es la excepción, y a pesar de que en un principio se trató de dejarlo claro, con el mismo nombre dado a la negociaciones "acuerdo para la terminación del conflicto" (no acuerdo de paz); los intereses de las partes, las necesidades electorales y el afán de convencer a la opinión pública han llevado a redefinir los límites que inicialmente se habían fijado.
Legitimidad, ¿la espada de Damocles?
Lo paradójico para el Gobierno es que la legitimación de los acuerdos exige necesariamente mostrar sus fallas en el manejo del proceso. Para comenzar, deberá hacer una clara distinción del tipo de interlocutor con el que actualmente dialoga, tendrá que darle un lugar que la opinión pública actualmente no acepta ni entiende porque merece, y con razón.
El Gobierno está en deuda de aclararle a la población que desde que eligió emprender las negociaciones dejó de ver a sus contrincantes como bárbaros terroristas para tratarlos como sujetos políticos e interlocutores validos para construir un proyecto de nación; y hasta que esto suceda, ni los militares ni la población civil entenderán lo que realmente está ocurriendo en la mesa.
La tarea no es sencilla (quizá si suicida), pues se deberá favorecer una valoración positiva de las FARC que permita a la población entender porque esos que durante más de 12 años han sido nombrados como bandidos y terroristas como política de Estado, hoy son tratados como iguales en la mesa de dialogo. Solo esto podrá hacer comprender que no se está negociando la rendición ni la entrega de un bando, ni se están brindando concesiones como males menores a los perpetradores del terror para evitar los mayores que representa la guerra, sino que se está haciendo esto y otras cosas más.
Lo anterior sería situarse bajo la espada de Damocles. Sin embargo lo interesante del asunto, es que precisamente, ya se encuentra bajo una. Esa falta de claridad, sobre como está observando a su interlocutor, es actualmente su principal obstáculo frente al favor de la opinión pública; las personas no se explican porque se debe negociar con terroristas (como los ven actualmente), y su lectura solo deja dos conclusiones: el Estado se está rindiendo sobre una amenaza insorteable o el enemigo desea entregarse. La primera nefasta para la democracia, la segunda una completa falacia.
En cualquier caso, y dejando a un lado el pragmatismo necesario en este tipo de asuntos, no deja de ser desalentador entender que como Estado, todavía somos inmaduros, que a la hora de tomar las decisiones más importantes solo nos llaman para hacer bulto, y que efectivamente aun nos falta mucho para salir de la minoría de edad política en la que nos encontramos.
Sobre esto último, vale la pena traer una de las conclusiones de la última charla dictada por el maestro Carlos Gaviria, educar para la democracia es educar para la autonomía y el pensamiento independiente [2].
