En la actualidad casi ningún colombiano es ajeno al debate público sobre la transición energética. Los titulares a diario presentan noticias relacionadas con las reservas de petróleo y gas, las decisiones políticas de no continuar la asignación de nuevos contratos de exploración, y la congelación y/o reducción de tarifas en los servicios públicos; que sorprenden y generan revuelo. Así mismo, no son menos elocuentes las voces que desde los gremios, la academia y partidos políticos hablan con temor de las consecuencias que decisiones sin criterio técnico pueden acarrear para un país en dónde las rentas de los hidrocarburos juegan un papel tan relevante como lo es el nuestro.

Este ambiente crispado no solo ha generado incertidumbre sobre las futuras inversiones en el sector, sino que ha limitado el debate casi exclusivamente a la continuidad o no de la actividad extractivista y a la vez ha generado cierta miopía sobre las oportunidades reales de transición en las fuentes de generación de energía y las tecnologías que las consumen a gran escala. Explorar o no hidrocarburos en Colombia, tiene impacto material en los ingresos nacionales y la inversión social que permiten, y objetivamente uno más tenue en la huella de carbono que la actividad humana deja a diario en el mundo.

Conceptos como soberanía energética, hidrógeno verde y transición energética antes solo presentes en las conversaciones de expertos, emergen en el vocabulario de toda la población, lo cual es bastante positivo. Ejemplos de su importancia no han parado de llegar desde Europa con crudeza y rapidez desde el inicio de la guerra en Ucrania: racionamientos de gas y energía eléctrica, temores a un desabastecimiento (cierre de la llave) generado desde Rusia y altos precios internacionales del petróleo, son vistos como signos inequívocos de la necesidad de tener autonomía y certeza en la producción de la energía que cada economía consume.

El debate parece complicarse toda vez que el "activismo ejecutivo" comienza a competir con los argumentos técnicos y diseños institucionales que han funcionado con éxito en la creación y expansión de los mercados de energía en Colombia; haciendo temer a agentes, prestadores y usuarios malas consecuencias de decisiones antitécnicas que generen pérdidas de confianza inversionista, competitividad, deterioro de la calidad de los servicios y en última instancia, riesgos en la sostenibilidad del sector.

A favor de las nuevas voces en el debate, sería injusto decir que no hace falta alguna intervención gubernamental que busque justicia social. En el país existen enormes zonas de territorio no interconectado, en dónde la energía eléctrica sigue siendo un sueño de más de un siglo, para poblaciones enteras que carecen de acceso a las facilidades básicas que provee un servicio público de energía eléctrica lo que podría mejorar la calidad de su alimentación, de sus servicios de salud y su educación. Al cierre del 2022 más de 400.000 familias colombianas no tenían acceso a la energía eléctrica, siendo este servicio un lujo escaso, costoso y contaminante o simplemente un invento aún inaccesible como el hielo macondiano que conoció Aureliano Buendía siendo niño en Cien Años de Soledad.

Así mismo, hechos como que las tarifas de energía en la región caribe sean significativamente mayores a las históricamente observables en la región andina también constituyen un llamado de atención. El acceso a la energía puede considerarse un determinante en la actividad económica y el desarrollo social y sus altos costos atribuibles no solo a la dinámica de la oferta y la demanda sino a los malos manejos y mala fé de prestadores del pasado, requieren nuevos esfuerzos y compromisos, ya que los realizados a la fecha parecen insuficientes.

Pensar también en priorizar iniciativas como las comunidades energéticas, que buscan lograr autonomía en la generación de la energía a poblaciones y posibilidades de ingresos por venta de excedentes a la red que puedan ser reinvertidos en proyectos comunitarios parece tener sentido en Colombia. No obstante, deben ser abordas desde una mirada integral que permita la sostenibilidad de la operación de las tecnologías implementadas, el desarrollo de capacidades y la toma de decisiones informada y efectiva de la comunidad frente a estas nuevas potenciales fuentes de satisfacción de necesidades sociales y recursos.

Para aportar en soluciones, no sobra hacer énfasis en indicar que las decisiones de la transición energética y administración de los mercados de energía deben ser principalmente técnicas, lo cual no riñe con la posibilidad de buscar soluciones que cierren brechas sociales al acceso en condiciones de calidad, oportunidad y razonabilidad económica al fluido eléctrico y a las nuevas soluciones energéticas.

Pedir que no haya cambios o que se espere a que la mano invisible del mercado obre en sus tiempos frente a la realidad social del país es indolente, ya que continúa dejando en el día a día en el margen a un importante número de colombianos; pero poner en riesgo todo el diseño institucional del sector eléctrico y frenar el aprovechamiento de recursos naturales afectando el desarrollo económico del país con decisiones políticas, con seguridad además de indolente sería un contrasentido.

Eliminar las falsas dicotomías aporta y es el camino más adecuado para entender y facilitar el reformismo democrático y cooperativo. La suma de actores y sus intereses siempre será la fórmula de cambio más potente. El camino hacia la transición energética en Colombia es un hecho, pero también lo es, que lo andamos entre todos. Liderar el sector inspirando confianza, congregando y escuchando lo hará sin duda más rápido, justo y con posibilidades de crear mayor valor para todos. El futuro lo construimos, todos los días, con todos.

Esta columna fue publicada inicialmente en UdeA Noticias el día 11 de abril de 2023.

Asombro, si pudiera recogerse en una sola emoción, ha causado en la opinión pública el discurso, y sus ajustes, del gobierno actual frente a la política energética del país; el cual se ha centrado en la necesidad de acabar aceleradamente la actividad extractiva del petróleo para darle paso a una nueva capacidad de generación de fuentes de energía renovable que sustituyan la hegemonía de los hidrocarburos, tan útiles y necesarios, como contaminantes. Un fin deseable pero cuyos métodos merecen discusión y sobre todo, acuerdos.

El asombro no es por poco. Los combustibles y productos de las industrias extractivas representaron en el 2021 el 69.3% de las ventas de productos colombianos al exterior, por lo que el "Oil made in Colombia", por decirlo así, es nuestro principal producto de exportación y aunque no nos de los mismos réditos marca país que nuestro café; explorar, producir y exportar hidrocarburos son en la actualidad actividades importantes y necesarias para desarrollar nuestra economía, recaudar impuestos y evitar una balanza comercial aún más deficitaria.

Hay que reconocer que los argumentos y principios de la necesidad de la transición energética no son para poner en duda. La urgencia de actuar frente al cambio climático es un asunto con relevancia manifiesta, la necesidad también conocida de mejorar la calidad del aire en las ciudades tan poco nos es ajena; en Medellín por ejemplo, sabemos que como mínimo las alertas ambientales se activan dos veces al año; todo esto sumado por supuesto, a la realidad de que los hidrocarburos son recursos finitos y no renovables (a escala humana).

Una de las primeras cosas que hay que agregar frente a este tema es que este no es ni ha sido el único gobierno reciente comprometido con la transición energética. El gobierno Uribe por ejemplo, impulsó de manera importante la producción de bioetanol y la autogeneración con biomasa, el gobierno Santos por su lado, expidió en 2014 la ley 1715, que creó una marco de incentivos e instrumentos coherentes y materiales para fomentar la inversión en fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), y el gobierno Duque impulsó y desarrolló subastas de energía en firme y de renovables que garantizaron un incremento de la capacidad de generación de FNCER del país y aprobó la ley 2099 de 2021, que extendió los incentivos a la generación de hidrógeno, a la geotermia y a la inversión en tecnologías complementarias para la transición como la de medidores inteligentes; dado lo anterior, no sería descabellado afirmar que en Colombia el impulso a la transición energética es ya una política coherente y consistente de Estado.

También vale la pena aclarar el mito de la energía limpia en Colombia. Por lo avatares de la comunicación, confundimos con frecuencia la composición de nuestra matriz de generación de energía eléctrica, con nuestra matriz de consumo energético. Si bien de la primera podemos decir que es renovable y limpia (ya instalada, en operación, por supuesto), con cerca de un 70% de la capacidad instalada en generación hidroeléctrica, lo cierto es que cuando hablamos de consumo energético (que incluye actividades como el transporte y los grandes consumos industriales), el 80% de la energía que consumimos proviene de fuentes no renovables, cifra que da cuenta de un modo de vida y producción dependiente principalmente de los hidrocarburos; y por lo mismo, es cierto que nuestro país debe ocuparse con determinación de la transición.

Adicionalmente, también es sensato comprender que, en el contexto de la transición energética, la tecnología, con sus posibilidades y restricciones, juega un papel crucial. No todas las necesidades de consumo energético se podrán satisfacer con energía eléctrica que provenga de fuentes renovables, o al menos no en el corto plazo que nos ofrece nuestra vida. Existen retos importantes no solo en las tecnologías de generación de energía, sino en las requeridas para brindar confiabilidad al suministro de la energía que producen (por su naturaleza esencialmente intermitente) como las baterías a gran escala, y en las tecnologías de los artefactos que usamos para satisfacer nuestras necesidades, como por ejemplo las del transporte marítimo y aéreo.

Así, aunque las intenciones del nuevo gobierno están bien encaminadas, se deben hacer acompañar siempre de criterio técnico, juicios balanceados, capacidades ejecutoras e incentivos adecuados. Cuando la sensatez aflora el mercado y la sociedad lo agradecen. Una buena muestra de esto, es la declaración del ministro Ocampo sobre la transición energética, en la cual indica la necesidad de comprender (y actuar en consecuencia) que cuándo se habla de transición, hay que sumar a la dimensión energética siempre otras dos dimensiones: la fiscal y la exportadora, que implican saber cómo se sustituyen los impuestos e ingresos de la nación (recibidos directamente por cuenta de su participación accionaria en Ecopetrol) que se dejarían de percibir en el corto y mediano plazo y cómo fomentar una industria diversificada de exportación que permita mejorar (o en su defecto compensar) la balanza comercial y asegurar un ingreso adecuado de divisas al país.

Por fortuna, el gobierno no se encuentra solo en su propósito, y cuenta precisamente con los grandes actores de la industria de hidrocarburos del país como aliados, que entendiendo el futuro de sus negocios y las señales del mercado, desarrollan ambiciosos planes para reconvertir capacidades y tecnologías, y desarrollar innovaciones para garantizar su continuidad en el futuro como actores incumbentes en los mercados en donde participan y quieren expandirse; siendo particularmente llamativos los esfuerzos para la producción rentable a gran escala de hidrógeno verde; un combustible limpio y alternativo, que dada la compleja matriz de consumo energético (y sus tecnologías) ofrece oportunidades de negocio y desarrollo.

Una buena forma de continuar impulsando la transición energética en nuestro país, podría partir de mantener los incentivos a las inversiones en generación de fuentes renovables no convencionales, y de buscar fórmulas para acelerar la implementación de la hoja de ruta del hidrógeno ya trazada; así mismo, podría apalancar la inversión en ciencia, tecnología e innovación para la transición; y en fortalecer capacidades institucionales de planeación y estructuración de proyectos; por supuesto, también debe buscar trabajar conjuntamente con empresas y comunidades para viabilizar los proyectos de infraestructura que se requieren. En el propósito de la transición energética, en nuestro país el camino institucional está abonado y los agentes alineados. Construir sobre lo construido y trabajar de la mano con los agentes del sector podría continuar siendo la mejor receta.

En el ámbito de las propuestas concretas; cosas como las siguientes se podrían estudiar para determinar su potencial de aporte de valor: establecer en la Guajira y en Antioquia en concurso con universidades y empresas públicas y privadas, centros de ciencia, tecnología e innovación en soluciones para la transición energética; y estudiar la posibilidad de establecer zonas francas en estos mismos departamentos para empresas que en el futuro puedan dedicarse a la producción y exportación de hidrógeno verde a clientes al otro lado de los océanos atlántico y pacífico. También valdría la pena desplegar la diplomacia para seguir de cerca y aprender de la implementación de la estrategia nacional de Chile para la producción de hidrógeno verde; un convenio de cooperación con el Estado chileno y universidades que nos permita ser socios y participar de sus investigaciones e innovaciones también le vendría bien a nuestro país. Así mismo, entender y categorizar nuestro potencial en minerales de la transición (como el silicio) también podría ser un buen impulso que desde este gobierno y en el corto plazo se puede realizar.

Finalmente, así como no hay nada más práctico que una buena teoría, el país requiere que el gobierno sea capaz de poner su filosofía en acción de forma estratégica y pragmática, entendiendo cada desafío y oportunidad en el camino que debemos recorrer (acelerada, ordenada y sobre todo, inteligentemente) en la transición energética sin caer en las fórmulas simples y dogmáticas que ofrecen las ideologías de cualquier orilla, con consciencia de cada uno de los roles que juega y espera tener; como regulador, inversionista, ejecutor, promotor pero sobre todo, como responsable de generar condiciones de desarrollo económico y de cumplir con las expectativas y mandatos de la sociedad colombiana.

*Esta reflexión fue publicada el 05 de septiembre de 2022 en la sección de opinión de UdeA Noticias

Durante siglos, el imperio romano construyó y mantuvo una extensa red de caminos que sirvieron para conectar los vastos territorios conquistados y consolidar su poderío económico y militar. A través de sus calzadas, lograron no solo irrigar su poder político y administrativo en todos sus dominios, sino facilitar el desarrollo de actividades privadas que generaron riqueza y crecimiento económico. Muchas investigaciones coinciden en que una buena parte del éxito de los romanos se debió precisamente a su visión y avances en el diseño, construcción, y uso de la infraestructura. 

Muestra de esa maestría que alcanzaron los romanos en la arquitectura y la ingeniería, es que muchos de los 80.000 kilómetros de calzadas que se estima construyeron, fueron corredores estratégicos que después de la caída de su imperio, continuaron permitiendo la movilización de personas, ejércitos y mercancías en toda Europa. De hecho, en el apogeo de su esplendor, la vía de Apia (el caminó más importante del imperio romano), llegó a extenderse por cerca de 540 km y sirvió de columna vertebral a casi media península itálica. 

Claramente, el imperio romano no es el único buen ejemplo de inversión en infraestructura de transporte. Países como EEUU, Francia, China y Alemania desarrollan y mantienen importantes redes de carreteras y vías férreas como parte de su estrategia de crecimiento económico. Siendo uno de los más destacados el caso de Pekín, que, con su nueva ruta de la seda, busca conectar a la economía China de una forma más eficiente y con mayor impacto político con el resto de las economías de Asía, Europa y África; siendo una muestra más, de la quizá bien llamada, "asertividad china". 

En este contexto, en el que organizaciones multilaterales como el BID y la OCDE destacan a la inversión en infraestructura como uno de los factores claves en el desarrollo económico y continuamente monitorean el porcentaje del PIB que los países invierten en este rubro, en el que el Banco Mundial mide el índice de desarrollo logístico y el Foro Económico Mundial tiene dentro de los pilares del índice de competitividad global el reglón de infraestructura; los gobiernos de muchos países en vía de desarrollo han procurado como estrategia incrementar el porcentaje de recursos que invierten en esta materia. 

No obstante, lejos de ser una relación simple (directa y causal) la que existe entre infraestructura y desarrollo, un análisis más agudo revela que son múltiples y complejas las interacciones que existen entre ellas. Por ejemplo, la ausencia de infraestructura en una región próspera puede limitar el crecimiento de la actividad económica, pero la presencia de esta podría no tener ningún efecto en una zona inhóspita o con pobres condiciones para el florecimiento del capital social. Si bien en muchos casos, es posible observar un circulo virtuoso entre la inversión de infraestructura y el desarrollo, esto no ocurre en todos los casos. 

En su informe del año 2018, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), señaló que inversiones en infraestructura no necesariamente impulsan la prosperidad de las economías de los países en vías de desarrollo; esto en buena parte porque el discurso actual se centra en la rentabilidad de las inversiones, convirtiendo a la infraestructura en simples activos financieros, dejando de lado el vínculo que la une con la industrialización. 

Tal y como dijo Albert Hirschman, la planificación de la inversión de largo plazo en infraestructura es "una cuestión de fe en el potencial de desarrollo de un país o región", por lo cual la óptica exclusiva del retorno sobre la inversión podría en vez de desarrollar territorios, profundizar aún más las brechas existentes y fomentar la concentración excesiva de la inversión en áreas donde un impulso adicional poco se requiere. Retomando lo expresado por la UNCTAD, este enfoque, excesivo si se quiere, en la rentabilidad, ignora que la infraestructura acompañada de otros factores, puede impulsar la transformación productiva que requiere la mayoría de regiones de los países en vía de desarrollo. 

Más allá del debate de causalidad o correlación entre vías (infraestructura) y desarrollo, necesario y productivo en cada nación y contexto, es importante para el caso colombiano, buscar conciliar las necesidades de los territorios y las expectativas y fortalezas de la vinculación de capital privado, en una política consistente y seria para el desarrollo de la infraestructura del país a largo plazo. 

En esto no hay que desconocer los avances que Colombia viene realizando. El nuevo modelo de concesiones para el desarrollo de infraestructura vial, llamado en nuestro país 4G, realizó un avance fundamental al acabar y reducir incentivos perversos en la ejecución de proyectos de infraestructura, limitando la entrega de anticipos de dineros públicos y la extensión en plazos de ejecución sin consecuencias reales; elevando así los estándares de contratación de obras públicas. No obstante, se debe tener cuidado con el amor ciego a la rentabilidad sobre la inversión que se viene pregonando desde distintas instituciones del orden nacional, que, si bien puede ser un mantra para la iniciativa privada, no debe serlo así en los asuntos de lo público. 

Precisamente en sus notas de infraestructura de país: región andina, de abril de 2019, el BID hace notar importantes avances en la inversión en infraestructura realizados por Colombia, como que en el 2015 la inversión en este rublo alcanzó el 6.5% del PIB y que se contó con una participación de aproximadamente el 63% por parte sector privado en esta cifra, principalmente en proyectos de transporte; pero también destaca los enormes desafíos del país en esta materia, entre ellos: 

Por estos días Medellín nuevamente se encontró en estado de alerta ambiental por su mala calidad del aire. Lejos de ser un escenario atípico, esta situación poco a poco se ha ido normalizando por su recurrencia periódica, y sí pudiera llamarse así, incorporando lentamente en el imaginario colectivo que tienen propios y extraños de la capital antioqueña. Extendiendo así, el rastro de la huella ambiental a la imagen que proyecta la ciudad.

Cada año por la misma temporada, como si se tratase del mítico castigo de Sísifo, la ciudad y sus habitantes cargan con el lastre de la contaminación y las medidas de choque que limitan el ejercicio de la vida en el espacio público; por cuenta del ambiente tóxico que genera la concentración de partículas dañinas en el aire, resultantes de la actividad industrial, la movilización de bienes y personas,  condiciones climáticas adversas y la topografía del territorio. Situación que como todo castigo, conlleva daño, y a simple vista propone contradicciones con soluciones imposibles, como dejar de respirar para no morir y no ejercitarse para estar sano.

Esto podría parecer tolerable para muchos, ya que los ambientes artificiales en los que habitamos diariamente ocultan las nubes grises mientras que las necesidades más apremiantes distraen de los costos sociales del tratamiento paliativo que las autoridades proponen a un problema ambiental con arraigadas e intrincadas causas en las dinámicas urbanas, o en otras palabras, en la manera en la que decidimos (y continuaremos decidiendo, quizá) habitar un territorio con otros.

Así el llamado "cívico" a asumir cada tanto sacrificios en favor del medio ambiente, en vez de generar transformaciones permanentes en la forma en la que nos movilizamos o producimos, refuerza la idea del que "peca y reza empata" como efecto residual de planes y acciones que pretenden demostrar manejos eficientes, contundentes y oportunos a crisis cuyas causas no extinguimos. 

Y es que este asunto, en realidad no es de poca monta. Si bien aún no hay claridad sobre el impacto en la salud de los ciudadanos de Medellín,  la OMS estimó en 2012 que la mala calidad del aire provoca anualmente en todo el mundo 3 millones de fallecimientos prematuros, e instó a mejorar la calidad del aire como  medio para reducir la carga de morbilidad resultante de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas.

Por supuesto, no hay que desconocer los esfuerzos que varias de las instituciones con incidencia en el diseño de políticas públicas hacen sobre esta situación para mejorar la posición de la ciudad. Planes como el POECA y el PIGECA diseñados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para la atención de los eventos de alerta y el direccionamiento de la intervención a largo plazo de las causas estructurales de la mala calidad del aire ayudan, pero son insuficientes por sí solos, si sus principios no se extienden y aplican de manera efectiva a las interacciones sociales.

Así mismo, la reciente renovación del pacto por la calidad del aire, realizada por la Alcaldía de Medellín, es un acto político relevante, que sin embargo, en ausencia de los incentivos adecuados y de acuerdos más comprometedores, sigue siendo insuficiente para impulsar los cambios estructurales requeridos en la forma de habitar y asumir la vida en Medellín.

Algunos ejemplos de soluciones interesantes aunque parciales son: las supercuadras de Barcelona, con fuertes restricciones al tráfico vehicular al interior de los barrios; el diseño y construcción de pequeñas ciudades dentro de la ciudad, que disminuyan la longitud e impacto de los desplazamientos sin perder ejes articuladores globales; el diseño de corredores de movilización de carga por fuera de la ciudad; la resignificación de la compra de un automóvil para evitar que sea visto como símbolo de "ascenso social", y la intervención misma sobre el volumen de desplazamientos rutinarios innecesarios partiendo de la realidad de las relaciones educativas e industriales actuales a la luz de las tecnologías disponibles.

En los últimos días se han revelado ante a la opinión pública grandes hechos de corrupción en los máximos órganos de justicia del país. Día tras día, las declaraciones que hacen los implicados, comprometen personas en las más altas esferas del poder público y pasan a engrosar el memorial de agravios (ojalá no de olvidos) en el que se ha convertido nuestra historia nacional; motivos engañosos que algunos transforman en argumentos para indicar que es sano adoptar el pesimismo y la desconfianza generalizada en las instituciones, como rasero para el cumplimiento de las obligaciones propias.

En este sentido, el incumplimiento que realizan los corruptos de sus deberes legales y morales, parece ser una autorización para omitir los propios; más aún cuando lo que realmente pareciera molestar a muchos se encuentra en no recibir los beneficios que estos grupos de individuos disfrutan, más que en el daño social que generan. De hecho, a muchos no les resulta difícil sentir empatía por un sujeto corrupto, y cuando se imaginan en su lugar, encuentran de algún modo, su actuación como racional (consecuencia de un silogismo perfecto), un acto casi ineludible y natural de sacar provecho individual. Una manifestación clara de los conceptos más dañinos de nuestra idiosincrasia (el vivo vive del bobo, el poder es pa´ poder..., etc.) que constituyen una prueba clara de su culto al avispado.

Escándalo tras escándalo, la realidad política y moral del país se impone sobre el anhelado deber ser; dejando como ejemplo, que la ambición personal desaforada en un ambiente contaminado como el nuestro no es un problema, sino una máxima de acción útil que debe observarse con prontitud. Si no lo tomo yo, lo tomará otro; llevándonos a un eterno retorno en la tragedia de los comunes.

Por otro lado, en una situación como la actual, no es difícil hallar en la indiferencia un lugar cómodo para descansar. Opción tomada por un gran número de personas que con su tolerancia pasiva alejan la mirada del asunto sin repuesta, en un claro ejemplo de indefensión aprendida. Lo cual permite que el problema se agudice, porque esta forma de asumir (huir) de la realidad adoptada con frecuencia, abona el terreno para que la ejecución de actos de corrupción no reciba una verdadera sanción social.

Asumir posiciones resignadas, conformistas y/o cómodas frente a los hechos de corrupción, no sería un problema si hacerlo no tuviese una consecuencia real sobre la dinámica económica y las posibilidades de desarrollo de las naciones y sus habitantes. Recientemente fue publicada la última versión del reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial, en el que se evalúan múltiples factores de productividad de un país. En esta oportunidad Colombia ocupó el puesto 66 entre 137 países, desmejorando su posición anterior en 5 puestos, en dónde el primer puesto corresponde al país más competitivo y el último al menos competitivo. Entre los hechos que explican estos resultados se encuentra precisamente el deterioro de la confianza en las instituciones.

Una mirada más detallada al indicador muestra que Colombia ocupa el puesto 117 en cuanto a eficiencia de sus instituciones entre las 137 naciones analizadas, y que la corrupción es el primer problema para la competitividad del país, seguido de lejos por las altas tasas de impuestos y la ineficiencia de la burocracia gubernamental.

Bajo el contexto actual es bastante claro que los ejecutores de actos de corrupción son los principales responsables del problema. No obstante, también existe corresponsabilidad en el resto, que adoptando la aprobación silenciosa o la indiferencia explicita, favorece su ejecución continuada en el ambiente impune de la desconfianza y desesperanza aprendida.

Lo bueno del asunto es que retirado el velo del enemigo único como causa explicativa de todo problema en nuestro país, ahora sabemos que es necesario mirar hacia adentro para reconocer y tratar la fragilidad moral, la apatía y escepticismo exacerbado que nos forma como personas; como primer paso para el cambio y desarrollo en cualquier nivel de asociación.

Yuval Harari, en su libro De animales a dioses, ilustra cómo la capacidad de imaginar ficciones y usarlas como principio de ordenación de la vida, permite la cooperación flexible de grandes cantidades de personas (nuestra más grande ventaja evolutiva). Así, la confianza en la creencia colectiva sustenta los modos individuales de actuar y habitar que dan forma a las relaciones que tenemos con los otros y el mundo.

En mi opinión, vale la pena elegir ver y trabajar en Colombia la posibilidad de un país próspero lleno de individuos responsables, que encuentran en la argumentación y el respeto por la diferencia una manera de resolver sus propios problemas y contribuir a la solución de los de los demás; con instituciones flexibles, modernas y autocríticas al servicio de las personas; como ficción positiva útil en la búsqueda del progreso social.

Así, una visión llena de confianza en nuestro futuro común, permitiría y motivaría la suma de esfuerzos colectivos necesarios para tener un país mejor, una vida mejor, un desarrollo individual mejor, y acercarnos a la reflexión ética necesaria para evitar la corrupción.

Referencias

Harari, Y. (2014). De animales a dioses. Breve historia de la humanidad. Editorial Debate.

Schwab, K. (2017). The global competitiveness report 2017-2018. Geneva: World Economic Forum

"A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: La juzgo tan eterna como el agua y el aire". Fundación mítica de Buenos Aires. JLB.

Recientemente descubrí la polémica que existe al rededor del poema; cuyo fragmento inicial da origen al título del libro que Héctor Abad Faciolince escribió sobre su padre, El olvido que seremos que fue encontrado transcrito a mano en el saco que llevaba puesto Héctor Abad Gómez al momento de su muerte y que se convirtió en epitafio de su tumba. El texto cuya belleza no es puesta en duda, y que desde luego está a la altura del maestro, es considerado un apócrifo atribuido a Borges y no se encuentra en los volúmenes que recopilan su obra completa.

Sin importar quien sea su autor -numerosas y eruditas epístolas cargadas de insultos líricos y refinados se han escrito al respecto-, dos cosas hacen al poema indispensable, más allá del encanto de sus rimas. Su presunto autor y su fatídica y perentoria ubicación. Y a pesar de que han sido puestas en duda, la sola idea de su posibilidad lo eleva por curiosidad humana al mundo de lo fantástico.

El poema, sin necesidad de ser nombrado, gracias a la trama que lo acompaña se ofrece interesante y lleno de valor. Su origen y su última locación –ahora llenos de incertidumbre–, míticos por así decirlo, atrapan sin esfuerzo a sus futuros lectores.

Siendo este, un ejemplo simple de la motivación para la acción que provee una historia.

La palabra griega αἴτιον (aition), cuyo significado es "causa", puede utilizarse para denotar el concepto de mito fundacional, una explicación heroica o sobrenatural del origen de una cosa, lucha o propósito que como composición literaria engloba los conceptos que los hombres atribuyen o quieren atribuir en su orden, al mundo fáctico que transforman.

El mito fundacional es propio de todo lo que hacemos, como ungüento; justifica, motiva y aprueba los actos que realizamos, sirviendo cual torre medieval, como escudo y como espada. Las organizaciones no son ajenas a ellos. Los estados los han usado siempre, desde Rómulo y Remo hasta el heroísmo independentista motivado por el exceso de tiranos, para todo tipo de extremos maniqueos.

En el ámbito organizacional moderno, la empresa privada de nuestro tiempo, el mito fundacional no es menos importante, aunque sí con frecuencia omitido. La ficción del recurso material como causa y fin de la satisfacción humana, impulsada por la figuración del homo economicus como modelo predominante de la escuela económica neoclásica, se desvanece frente a la realidad de la racionalidad limitada y la elevación de los estándares básicos de vida al rededor del mundo, con lo cual cada vez más personas inician la búsqueda de la felicidad como propósito de vida.

Así, la necesidad de realización personal encuentra en los mitos fundacionales modernos y en el desarrollo de las actividades de las organizaciones que conformamos, una manera de ser satisfecha al menos parcialmente. Lo interesante del asunto, es que los mitos fundadores son inacabados y al igual que todos los hechos de la historia mutables y sujetos de interpretación. Objetos maleables y adjudicatarios de sentido.

Actualmente las organizaciones con altos estándares éticos y fines superiores, impulsan la creación de valor más allá de los rendimientos financieros para sus accionistas o el crecimiento económico. Los aportes al desarrollo social y medioambiental pasado, presente y futuro, expanden el influjo de la organización y vinculan emocionalmente a las personas que la conforman con su operación, promoviendo el crecimiento continuo de la empresa como reflejo del crecimiento coordinado individual y la consolidación de una visión fuerte que expande, complementa o crea la imagen de aporte superior a la vida en comunidad.

Luego, la existencia del mito fundacional o la creación del mismo, permite la consolidación de estrategias de desarrollo organizacional sustentables y coherentes, que compartidas y accionadas, generan el cambio deseado y contribuyen a lograr los objetivos misionales. La aplicación de modelos de diseño organizacional, entonces, además de la tradicional visión inspiradora, deben contemplar el misticismo y el respeto por fines superiores como base para actuar. Casos como los de Odebrecht, nos recuerdan a diario la relevancia de los principios y las consecuencias de omitirlos.

En conclusión, las organizaciones actuales, como parte de su estrategia de desarrollo deben incluir el cuidado de su historia y su construcción futura a través del ahora, como actividades creadoras de sentido, y proveedoras de oportunidades para la satisfacción social y escenarios para la realización personal de sus miembros. El mito fundacional adecuado y su constante validación propician el refuerzo de ciclos de inercia positiva que apalancan el desarrollo de la organización.

*Esta reflexión fue publicada originalmente el 13 de marzo de 2017 en UdeA Noticias

En los últimos meses por cuenta del proyecto del metro de Bogotá tuvimos una efímera pero sana discusión en el país. Los aproximadamente 15 billones que costaría esta empresa [1], y que pagaríamos todos, nos recordó que este tipo de decisiones hay que tomarlas con seriedad.

Argumentos a favor y en contra no faltaron, desde los más técnicos hasta el más desusado regionalismo se hicieron presentes en la "cruzada" por generar desarrollo y salvaguardar los recursos públicos. Solo dos cosas quedaron claras, el problema de movilidad de Bogotá es muy grave y en Colombia aun sigue siendo pobre la planificación del futuro.

Las propuesta de construir un metro, no es conveniente o inconveniente per se. Si se realiza con el mismo objeto que se construyen más carreteras, con el fin estático de abrir una llave y aliviar el flujo, el proyecto está llamado a fracasar como ha fracasado antes la ampliación y construcción de vías para los vehículos. No hay diferencia esencial entre carreteras para autos y autopistas para personas. Soluciones pasivas a problemas activos.

Si además de lo anterior, el trazado del metro permite inducir una distribución conveniente de los principales nodos origen-destino (viviendas, centros de trabajo y de estudio), sería posible generar en el mediano y largo plazo un cambio estructural que facilite la movilidad, claro está, sin que esto sea suficiente.

Curiosamente, las actuales soluciones a los problemas de movilidad no son nuevas. Estas pueden clasificarse en tres grupos básicos: basadas en el medio de transporte, basadas en la dinámica urbana y mixtas. En el primer grupo encontramos ejemplos como: motocicletas, autobuses, trenes urbanos, teleféricos, tranvías, carpoolling y autopistas; en el segundo grupo podemos encontrar propuestas como las super cuadras de Barcelona, generación de centralidades, teletrabajo y educación virtual, en general, todas aquellas que se enfocan en la reducción del número y distancia de los desplazamientos.

Todas ellas, han alcanzado en su momento logros significativos, pero a todas luces insuficientes. Quizá por ser las repuestas correctas al problema equivocado. Por fortuna, han dejado lecciones de las que todos hemos aprendido.

La comprensión del problema ayuda, ahora sabemos (de nuevo) que no es un asunto de distancia sino de tiempo y acceso a servicios. Sin entrar en detalles, es necesario que pensemos y repensemos nuestras ciudades, que comprendamos que las soluciones actuales siempre se quedarán cortas sino observamos que el problema es como vivimos y no como nos movemos.

Diciembre además de ser época de celebraciones tradicionalmente ha sido un mes de balances y compromisos. No sólo para los individuos sino para las instituciones. Por estos días se han presentado los resultados económicos del año, los cuales según los expertos son satisfactorios. Pero entre esas  cifras que tanto regocijan al gobierno, se muestra el decrecimiento de la industria (manufactura) en el país, una reducción en su participación en el PIB y la perdida de empleos en el sector. 

Y aunque este hecho se ve opacado por el buen desempeño de sectores como la construcción, la agricultura y la minería, no debe dejar de preocupar, más aun, cuando se contempla el decrecimiento acumulado desde la apertura de los 90's. La industria ha sido el motor de desarrollo de la mayoría de las naciones del primer mundo; tal ha sido su impacto que en el ideario colectivo es común tomar industrializado como sinónimo de desarrollado. Desde la aparición de las primeras máquinas a vapor y la estandarización del trabajo, y sus correspondientes aportes a los incrementos en la productividad; la industria y la riqueza de las naciones quedó ligada.

Sin embargo, es cierto que la sociedad industrial (manufacturera) de antaño, la de hoy en Colombia, ha cedido su lugar como la mayor fuente de excedentes. La sociedad industrial (manufacturera) fue reemplazada por la sociedad del conocimiento. Diseños y  patentes han tomado más valor que las máquinas que fabrican los productos. Para darse cuenta sólo basta con observar la impresionante actividad manufacturera de china y los contratos de empresas de alta tecnología como Apple o Samsung con dicha nación. 

El problema radica en que en sociedades como la nuestra, con educación de mala calidad y poca inversión en investigación y desarrollo, la actividad industrial (manufacturera) es indispensable. Colombia es mayoritariamente un país de obreros y labriegos, en el cual las oportunidades de obtener educación superior son limitadas y/o malas; y  la transición hacia una sociedad de conocimiento es  un proceso dispendioso con una meta distante. Por lo mismo, es necesario tener un aparato productivo que permita incluir de manera realista y oportuna a la población en la actividad económica, que brinde los medios de satisfacción de las necesidades básicas y permita acumular excedentes para educar a la población.

Por lo pronto, es imperante la recuperación del sector industrial colombiano, no sólo por lo inclusivo de su empleo sino por la calidad del mismo y el aporte al bienestar de quienes laboran en él; un empleo en la industria, en general, cuenta con mayores garantías laborales, que por ejemplo uno en la agricultura.

Es importante que el gobierno nacional defina prontamente una política industrial en Colombia, realista y pertinente, que incluya: mecanismos necesarios para la transformación de la mano de obra, criterios de responsabilidad empresarial y agendas de inversión en investigación y desarrollo, que permitan un pronto acercamiento a la sociedad del conocimiento y a incrementos sostenibles en la productividad y el bienestar de la población. Tal y como lo planteaba Levitt; para poder tener un desarrollo sostenido es necesario planear la obsolescencia de aquello que hoy permite la subsistencia.

Recientemente el asunto del manejo de las basuras y los residuos sólidos a cobrado cierta relevancia como tema de discusión, habida cuenta de la decisión de la administración publica de Bogotá de cambiar el modelo de recolección de basuras. Un proceso que ha generado muchas dudas y al cual se le acusa de adolecer de improvisación.

No están claras las razones que motivaron la decisión del alcalde de la capital de Colombia. En un principio se dijo que se buscaba implementar un modelo de libre competencia que reemplazaría al actual de zonas concesionadas a operadores privados, con el cual se alcanzarían mayores niveles de eficiencia y calidad en la prestación del servicio público de aseo que se traducirían en tarifas más bajas para sus usuarios, y que la alcaldía pondría su cuota con la creación de una nueva empresa publica que competiría con los privados [1].

Sin embrago dicho modelo, no será, al menos en principio, el que se implemente. La recolección de basuras en la capital a partir del próximo martes 18 de diciembre será realizada por la empresa Aguas de Bogotá, filial de la EAAB,la cual asumirá el 100% de la operación [2]. 

Las principales criticas que recibe dicha iniciativa obedecen al poco conocimiento del negocio del nuevo operador y a su insuficiente capacidad técnica para la prestación del servicio. De hecho la recolección será realizada provisionalmente en volquetas (camiones de carga usados en la construcción y cuya principal característica es poseer un compartimiento de almacenamiento desprovisto de techo) [3].

Más allá de los cuestionamientos sobre la capacidad técnica y el conocimiento del nuevo operador, que no tienen nada de fútiles. Existen otras preocupaciones; el fantasma de la burocracia, los manejos políticos y la ineficiencia ya recae sobre la naciente operación. A todo esto debe sumarse el hecho de que el vertedero de la ciudad Doña Juana ya esta alcanzando su limite de capacidad, por lo que le resta aproximadamente 1 año de vida útil [4].

La situación descrita, aunque importante, no pasa de ser una coyuntura, que de seguro será resuelta, lo que no es claro es a que costo. No obstante, representa la oportunidad para pensar en un tema de gran importancia y con muchas implicaciones sobre la calidad de vida de las personas.

La decisión del Alcalde de Bogotá no resuelve de fondo ninguno de los problemas de la basura, el cambio de operador sólo pasará de bolsillo el dinero que pagan los bogotanos por el servicio, es probable que lo que si se logré sean unas mejores condiciones para lo recicladores, quienes serán beneficiados con el pago del servicio de recolección del material recuperable. Hasta ahora sus ingresos se debían exclusivamente a la venta del reciclaje [4].

La generación de residuos sólidos y su aprovechamiento son los temas que deberían estar en la agenda política, siendo objeto de propuestas y discusión, la experiencia ha demostrado que el manejo tradicional de campañas educativas no ha funcionado, lo mismo que los enfoques penalizadores; todos estos esfuerzos no han sido efectivos para reducir el número de toneladas de residuos generados, ni para aumentar el número de materiales reutilizados [5].

Una política más efectiva para manejar el asunto debe basarse en el diseño de un conjunto de estímulos que permitan que la ciudad misma como sistema pueda aprovechar sus recursos y energía para manejar el problema.

Por ejemplo, una exención de impuestos para edificios nuevos construidos con cierto porcentaje de materiales reciclados podría realizar una importante contribución. No sólo al evitar los costos de manejo y recolección de toneladas de escombros, sino al evitar sus impactos ambientales y reducir los costos de disposición final.

Otra medida que puede facilitar un manejo más eficiente del asunto sería la reducción en los impuestos que debe pagar un consumidor a la hora de comprar un producto realizado con material recuperado y la posibilidad de deducir parte de su valor de los impuestos que debe pagar al final de cada año. Lo que volvería más atractivos dichos productos y haría que los fabricantes se vieran llamados a producirlos de esa manera.

Los incentivos para reutilizar desechos sólidos, producir y consumir menos productos con alto impacto ambiental deben ser tangibles, y sus beneficios deben superar a la autosatisfacción fundada en la observación de la cultura ciudadana ofrecida por el enfoque tradicional.