En la actualidad casi ningún colombiano es ajeno al debate público sobre la transición energética. Los titulares a diario presentan noticias relacionadas con las reservas de petróleo y gas, las decisiones políticas de no continuar la asignación de nuevos contratos de exploración, y la congelación y/o reducción de tarifas en los servicios públicos; que sorprenden y generan revuelo. Así mismo, no son menos elocuentes las voces que desde los gremios, la academia y partidos políticos hablan con temor de las consecuencias que decisiones sin criterio técnico pueden acarrear para un país en dónde las rentas de los hidrocarburos juegan un papel tan relevante como lo es el nuestro.

Este ambiente crispado no solo ha generado incertidumbre sobre las futuras inversiones en el sector, sino que ha limitado el debate casi exclusivamente a la continuidad o no de la actividad extractivista y a la vez ha generado cierta miopía sobre las oportunidades reales de transición en las fuentes de generación de energía y las tecnologías que las consumen a gran escala. Explorar o no hidrocarburos en Colombia, tiene impacto material en los ingresos nacionales y la inversión social que permiten, y objetivamente uno más tenue en la huella de carbono que la actividad humana deja a diario en el mundo.

Conceptos como soberanía energética, hidrógeno verde y transición energética antes solo presentes en las conversaciones de expertos, emergen en el vocabulario de toda la población, lo cual es bastante positivo. Ejemplos de su importancia no han parado de llegar desde Europa con crudeza y rapidez desde el inicio de la guerra en Ucrania: racionamientos de gas y energía eléctrica, temores a un desabastecimiento (cierre de la llave) generado desde Rusia y altos precios internacionales del petróleo, son vistos como signos inequívocos de la necesidad de tener autonomía y certeza en la producción de la energía que cada economía consume.

El debate parece complicarse toda vez que el "activismo ejecutivo" comienza a competir con los argumentos técnicos y diseños institucionales que han funcionado con éxito en la creación y expansión de los mercados de energía en Colombia; haciendo temer a agentes, prestadores y usuarios malas consecuencias de decisiones antitécnicas que generen pérdidas de confianza inversionista, competitividad, deterioro de la calidad de los servicios y en última instancia, riesgos en la sostenibilidad del sector.

A favor de las nuevas voces en el debate, sería injusto decir que no hace falta alguna intervención gubernamental que busque justicia social. En el país existen enormes zonas de territorio no interconectado, en dónde la energía eléctrica sigue siendo un sueño de más de un siglo, para poblaciones enteras que carecen de acceso a las facilidades básicas que provee un servicio público de energía eléctrica lo que podría mejorar la calidad de su alimentación, de sus servicios de salud y su educación. Al cierre del 2022 más de 400.000 familias colombianas no tenían acceso a la energía eléctrica, siendo este servicio un lujo escaso, costoso y contaminante o simplemente un invento aún inaccesible como el hielo macondiano que conoció Aureliano Buendía siendo niño en Cien Años de Soledad.

Así mismo, hechos como que las tarifas de energía en la región caribe sean significativamente mayores a las históricamente observables en la región andina también constituyen un llamado de atención. El acceso a la energía puede considerarse un determinante en la actividad económica y el desarrollo social y sus altos costos atribuibles no solo a la dinámica de la oferta y la demanda sino a los malos manejos y mala fé de prestadores del pasado, requieren nuevos esfuerzos y compromisos, ya que los realizados a la fecha parecen insuficientes.

Pensar también en priorizar iniciativas como las comunidades energéticas, que buscan lograr autonomía en la generación de la energía a poblaciones y posibilidades de ingresos por venta de excedentes a la red que puedan ser reinvertidos en proyectos comunitarios parece tener sentido en Colombia. No obstante, deben ser abordas desde una mirada integral que permita la sostenibilidad de la operación de las tecnologías implementadas, el desarrollo de capacidades y la toma de decisiones informada y efectiva de la comunidad frente a estas nuevas potenciales fuentes de satisfacción de necesidades sociales y recursos.

Para aportar en soluciones, no sobra hacer énfasis en indicar que las decisiones de la transición energética y administración de los mercados de energía deben ser principalmente técnicas, lo cual no riñe con la posibilidad de buscar soluciones que cierren brechas sociales al acceso en condiciones de calidad, oportunidad y razonabilidad económica al fluido eléctrico y a las nuevas soluciones energéticas.

Pedir que no haya cambios o que se espere a que la mano invisible del mercado obre en sus tiempos frente a la realidad social del país es indolente, ya que continúa dejando en el día a día en el margen a un importante número de colombianos; pero poner en riesgo todo el diseño institucional del sector eléctrico y frenar el aprovechamiento de recursos naturales afectando el desarrollo económico del país con decisiones políticas, con seguridad además de indolente sería un contrasentido.

Eliminar las falsas dicotomías aporta y es el camino más adecuado para entender y facilitar el reformismo democrático y cooperativo. La suma de actores y sus intereses siempre será la fórmula de cambio más potente. El camino hacia la transición energética en Colombia es un hecho, pero también lo es, que lo andamos entre todos. Liderar el sector inspirando confianza, congregando y escuchando lo hará sin duda más rápido, justo y con posibilidades de crear mayor valor para todos. El futuro lo construimos, todos los días, con todos.

Esta columna fue publicada inicialmente en UdeA Noticias el día 11 de abril de 2023.