Inicialmente esta columna tenía como tema el papel de la opinión pública en la probabilidad de éxito en el proceso de paz, pronto me dí cuenta que para comprenderlo es necesario realizar algunas precisiones que permitan definir y contextualizar lo que llamamos proceso de paz. A continuación se presentarán algunas definiciones y un modelo simple sobre las etapas del proceso de paz y los factores que condicionan el éxito en cada una de ellas y por último una discusión sobre la legitimidad en el proceso.

Lo primero que se debe observar, es que el nudo gordiano que se nos presenta como proceso de paz, es en realidad una serie de fases eslabonadas sujetas a condiciones y factores diversos, cuyos resultados o propósitos son de naturaleza distinta y compleja, esta son en su orden: negociación, refrendación y aplicación.

Negociación

Durante la primera etapa, el objetivo es el consenso, el cual puede alcanzarse de tres maneras. La primera consiste en que una de las dos partes adopte los intereses o fines de la otra (una concesión total), la segunda que ambas adopten intereses y fines de la otra, lo cual implica que abandonen necesariamente una fracción de los suyos (una concesión parcial), y la tercera que en el proceso de negociación se encuentren unos nuevos intereses y fines tan atractivos que las hagan desistir de mantener los que en un principio generaron el  conflicto. Para el Gobierno y las FARC es claro que en el caso colombiano,  nos encontramos ante el segundo escenario de construcción de consenso.

Refrendación

Si bien al inicio se dijo que en esta etapa se sometería  a aprobación todo lo acordado en la Habana, su propósito no es otro que comprometer a la población en el cumplimiento del consenso que los equipos negociadores de ambos bandos construyeron. Ahora se sabe que legalmente las decisiones que los plenipotenciarios no requieren de la aprobación popular en la urnas [1], sin embargo todos, tanto opositores como las partes del proceso entienden que solo la aceptación de las mayorías le brindará la legitimidad necesaria a lo acordado para que pueda ser llevado a la práctica. Esta paz es eminentemente un asunto político.

Aplicación

Por último la aplicación, que corresponde a la etapa de posconflicto, en la práctica estará compuesta por el cumplimiento de los compromisos más álgidos en el corto plazo: justicia transicional y participación política, dado que el resto del grueso de los acuerdos no son más que tareas pendientes que en la nada se alejan de los fines constitucionales del Estado: autonomía regional, desarrollo rural, justicia social y garantías para el ejercicio de la oposición.

Durante los últimos días hemos presenciado que tanto las voces a favor como en contra del actual proceso de paz han agudizado su batalla mediática para crear condiciones frente al, que perece ser, inminente proceso de refrendación. No es fortuito que el principal partido de oposición en Colombia ahora invite a prolongar las negociaciones y a discutir con mayor calma cada uno de los puntos de la agenda, sea lo que sea lo que se firme en la mesa, con solo llevar como título la palabra PAZ, será difícil de derrotar en la urnas. Y aunque no es posible tener certeza absoluta sobre si habrá acuerdo en la Habana, todos los actores interesados reconocen que la favorabilidad de la opinión pública es el recurso clave que hoy se encuentra en disputa.

No son pocos los temas álgidos en discusión en esta oportunidad y con razón: justicia transicional y participación política son los escenarios y futuras realidades que precisamente demandan un mayor sacrificio ético y legal por parte del Estado colombiano como cuota para el fin de la guerra, y en todo caso necesarios, si se espera que la guerrilla haga entrega de las armas.

Y es que conviene hacer una afirmación dura pero necesaria. Lo que se negocia en cualquier proceso de esta clase principalmente, es una paz técnica y no una paz social. En la primera lo que se busca es el fin de la confrontaciones bélicas y el compromiso de aceptación de los rebeldes del conjunto de normas, mecanismos e instituciones nacionales, la de dejación de las armas y la garantía de no repetición (intereses particulares). Mientras que el conjunto de elementos que estructuran la paz social además de los anteriores, se encuentran los procesos de justicia social, verdad y reparación de víctimas, y los acuerdos sociales para poner fin a las causas-raiz del conflicto (intereses más allá de la mesa). 

Lo cierto es que el proceso actual no es la excepción, y a pesar de que en un principio se trató de dejarlo claro, con el mismo nombre dado a la negociaciones "acuerdo para la terminación del conflicto" (no acuerdo de paz); los intereses de las partes, las necesidades electorales y el afán de convencer a la opinión pública han llevado a redefinir los límites que inicialmente se habían fijado.

Legitimidad, ¿la espada de Damocles? 

Lo paradójico para el Gobierno es que la legitimación de los acuerdos exige necesariamente mostrar sus fallas en el manejo del proceso. Para comenzar, deberá hacer una clara distinción del tipo de interlocutor con el que actualmente dialoga, tendrá que darle un lugar que la opinión pública actualmente no acepta ni entiende porque merece, y con razón.

El Gobierno está en deuda de aclararle a la población que desde que eligió emprender las negociaciones dejó de ver a sus contrincantes como bárbaros terroristas para tratarlos como sujetos políticos e interlocutores validos para construir un proyecto de nación; y hasta que esto suceda, ni los militares ni la población civil entenderán lo que realmente está ocurriendo en la mesa. 

La tarea no es sencilla (quizá si suicida), pues se deberá favorecer una  valoración positiva de las FARC que permita a la población entender porque esos que durante más de 12 años han sido nombrados como bandidos y terroristas como política de Estado, hoy son tratados como iguales en la mesa de dialogo. Solo esto podrá hacer comprender que no se está negociando la rendición ni la entrega de un bando, ni se están brindando concesiones como males menores a los perpetradores del terror para evitar los mayores que representa la guerra, sino que se está haciendo esto y otras cosas más.

Lo anterior sería situarse bajo la espada de Damocles. Sin embargo lo interesante del asunto, es que precisamente, ya se encuentra bajo una. Esa falta de claridad, sobre como está observando a su interlocutor, es actualmente su principal obstáculo frente al favor de la opinión pública;  las personas no se explican porque se debe negociar con terroristas (como los ven actualmente), y su lectura solo deja dos conclusiones: el Estado se está rindiendo sobre una amenaza insorteable o el enemigo desea entregarse. La primera nefasta para la democracia, la segunda una completa falacia.

En cualquier caso, y dejando a un lado el pragmatismo necesario en este tipo de asuntos, no deja de ser desalentador entender que como Estado, todavía somos inmaduros, que a la hora de tomar las decisiones más importantes solo nos llaman para hacer bulto, y que efectivamente aun nos falta mucho para salir de la minoría de edad política en la que nos encontramos.

Sobre esto último, vale la pena traer una de las conclusiones de la última charla dictada por el maestro Carlos Gaviria, educar para la democracia es educar para la autonomía y el pensamiento independiente [2].

Los últimos comunicados y declaraciones públicas de los actores del conflicto colombiano han despertado expectativas sobre la posibilidad de una salida negociada, de igual forma han avivado un intenso debate sobre si es pertinente o no. Publico estas líneas en éste espacio por su extensión, no obstante hacen parte de los comentarios que le hago a la columna Los signos de una voluntad de paz: negro es blanco, en estas propongo realizar algunas distinciones y expongo la argumentación de algunas razones prácticas para demostrar que exigir el cese de hostilidades para iniciar los diálogos de paz se convierte en un elemento dilatorio del inicio de los mismos. No obstante quiero indicar que estas mismas lineas no pretenden abogar por el inicio inmediato de los diálogos de paz, solo pretenden, al igual que las publicadas anteriormente, aportar elementos a la discusión.

"...Creo que es importante hacer las siguientes distinciones; la guerra es tan solo una de las múltiples expresiones del conflicto que se vive en Colombia, por lo que es correcto suponer que es posible suspenderla y abordar el problema por la vía del diálogo con el objetivo de resolverlo; también es claro que los diálogos hacen parte de un proceso de negociación en el que los actores involucrados deberán entender los intereses y fines de los otros, que la razón del conflicto está en que de facto existen diferencias entre estos y que para resolverlo deben cerrarse las brechas que los distancian, es decir, debe llegarse a un consenso; para lograrlo existen tres opciones, la primera consiste en que una de las dos partes adopte los intereses o fines de la otra(una concesión total),la segunda que ambas adopten intereses y fines de la otra , lo que implica que abandonen necesariamente parte de los suyos (una concesión parcial), y la tercera que en el proceso de negociación se encuentren unos nuevos intereses y fines tan atractivos que las hagan desistir de mantener los que en un principio generaron el conflicto. En un escenario ideal de negociación debería existir un equilibrio de poder entre las partes para evitar abusos que destruyan la posibilidad del consenso, y está destrucción del consenso no significa otra cosa que ejercer la violencia sobre el otro para realizar las aspiraciones teleológicas propias valiéndose del ejercicio de un poder mayor.

Es evidente que en el escenario de negociación que podría darse en el país no existe un equilibrio de poderes entre las partes, pues una goza de una fuente casi inagotable de recursos, de toda la legitimidad que le confiere ser representante del estado colombiano y del respaldo pleno de la comunidad internacional y los organismos multilaterales, mientras que la otra goza casi exactamente de las condiciones contrarias. No obstante existe una condición que crea una especie de equilibrio relativo elevando el poder de la parte en peores condiciones, mediante la generación de un elemento de presión cuya consecuencia es la crisis humanitaria, a ésta condición se le llama guerra.

Con base en esto se puede concluir lo siguiente; la exigencia del cese de hostilidades agotaría la condición de equilibrio relativo, lo que necesariamente conlleva a aumentar la probabilidad de que el actor que goce de mayor poder imponga su voluntad, destruyendo el logro del consenso, o lo que es lo mismo no resolviendo el problema por el segundo camino para alcanzar la paz comentado anteriormente (una paz acordada),si no convirtiéndose en un forma de pacificación; es decir bajo este escenario no se está negociando la solución del conflicto, se está negociando la rendición de un bando, lo que me lleva a repetir una apreciación anterior, y es que, estoy convencido de que el fin del conflicto no está en la ausencia de sus partes pues en mi concepto esto solo actúa sobre los efectos del problema pero deja intactas sus causas, pues los objetivos de las partes en conflicto son una expresión de las realidades que experimentan.

Lo segundo que se puede concluir es que la guerra es un elemento valioso para el actor que goce de una posición desventajosa en términos de poder, por lo que esperar a que decida desistir de ejercerla es algo casi imposible. Aquí es necesario aclarar que para éste análisis solo se considera la situación hipotética de un escenario de negociación y que estas conclusiones son válidas para éste contexto, con esto quiero indicar que existen otros asuntos y efectos de la guerra que pueden ser convenientes para ambas partes del conflicto y que también la pueden hacer, dependiendo del escenario, valiosa para ambas."