En la actualidad casi ningún colombiano es ajeno al debate público sobre la transición energética. Los titulares a diario presentan noticias relacionadas con las reservas de petróleo y gas, las decisiones políticas de no continuar la asignación de nuevos contratos de exploración, y la congelación y/o reducción de tarifas en los servicios públicos; que sorprenden y generan revuelo. Así mismo, no son menos elocuentes las voces que desde los gremios, la academia y partidos políticos hablan con temor de las consecuencias que decisiones sin criterio técnico pueden acarrear para un país en dónde las rentas de los hidrocarburos juegan un papel tan relevante como lo es el nuestro.

Este ambiente crispado no solo ha generado incertidumbre sobre las futuras inversiones en el sector, sino que ha limitado el debate casi exclusivamente a la continuidad o no de la actividad extractivista y a la vez ha generado cierta miopía sobre las oportunidades reales de transición en las fuentes de generación de energía y las tecnologías que las consumen a gran escala. Explorar o no hidrocarburos en Colombia, tiene impacto material en los ingresos nacionales y la inversión social que permiten, y objetivamente uno más tenue en la huella de carbono que la actividad humana deja a diario en el mundo.

Conceptos como soberanía energética, hidrógeno verde y transición energética antes solo presentes en las conversaciones de expertos, emergen en el vocabulario de toda la población, lo cual es bastante positivo. Ejemplos de su importancia no han parado de llegar desde Europa con crudeza y rapidez desde el inicio de la guerra en Ucrania: racionamientos de gas y energía eléctrica, temores a un desabastecimiento (cierre de la llave) generado desde Rusia y altos precios internacionales del petróleo, son vistos como signos inequívocos de la necesidad de tener autonomía y certeza en la producción de la energía que cada economía consume.

El debate parece complicarse toda vez que el "activismo ejecutivo" comienza a competir con los argumentos técnicos y diseños institucionales que han funcionado con éxito en la creación y expansión de los mercados de energía en Colombia; haciendo temer a agentes, prestadores y usuarios malas consecuencias de decisiones antitécnicas que generen pérdidas de confianza inversionista, competitividad, deterioro de la calidad de los servicios y en última instancia, riesgos en la sostenibilidad del sector.

A favor de las nuevas voces en el debate, sería injusto decir que no hace falta alguna intervención gubernamental que busque justicia social. En el país existen enormes zonas de territorio no interconectado, en dónde la energía eléctrica sigue siendo un sueño de más de un siglo, para poblaciones enteras que carecen de acceso a las facilidades básicas que provee un servicio público de energía eléctrica lo que podría mejorar la calidad de su alimentación, de sus servicios de salud y su educación. Al cierre del 2022 más de 400.000 familias colombianas no tenían acceso a la energía eléctrica, siendo este servicio un lujo escaso, costoso y contaminante o simplemente un invento aún inaccesible como el hielo macondiano que conoció Aureliano Buendía siendo niño en Cien Años de Soledad.

Así mismo, hechos como que las tarifas de energía en la región caribe sean significativamente mayores a las históricamente observables en la región andina también constituyen un llamado de atención. El acceso a la energía puede considerarse un determinante en la actividad económica y el desarrollo social y sus altos costos atribuibles no solo a la dinámica de la oferta y la demanda sino a los malos manejos y mala fé de prestadores del pasado, requieren nuevos esfuerzos y compromisos, ya que los realizados a la fecha parecen insuficientes.

Pensar también en priorizar iniciativas como las comunidades energéticas, que buscan lograr autonomía en la generación de la energía a poblaciones y posibilidades de ingresos por venta de excedentes a la red que puedan ser reinvertidos en proyectos comunitarios parece tener sentido en Colombia. No obstante, deben ser abordas desde una mirada integral que permita la sostenibilidad de la operación de las tecnologías implementadas, el desarrollo de capacidades y la toma de decisiones informada y efectiva de la comunidad frente a estas nuevas potenciales fuentes de satisfacción de necesidades sociales y recursos.

Para aportar en soluciones, no sobra hacer énfasis en indicar que las decisiones de la transición energética y administración de los mercados de energía deben ser principalmente técnicas, lo cual no riñe con la posibilidad de buscar soluciones que cierren brechas sociales al acceso en condiciones de calidad, oportunidad y razonabilidad económica al fluido eléctrico y a las nuevas soluciones energéticas.

Pedir que no haya cambios o que se espere a que la mano invisible del mercado obre en sus tiempos frente a la realidad social del país es indolente, ya que continúa dejando en el día a día en el margen a un importante número de colombianos; pero poner en riesgo todo el diseño institucional del sector eléctrico y frenar el aprovechamiento de recursos naturales afectando el desarrollo económico del país con decisiones políticas, con seguridad además de indolente sería un contrasentido.

Eliminar las falsas dicotomías aporta y es el camino más adecuado para entender y facilitar el reformismo democrático y cooperativo. La suma de actores y sus intereses siempre será la fórmula de cambio más potente. El camino hacia la transición energética en Colombia es un hecho, pero también lo es, que lo andamos entre todos. Liderar el sector inspirando confianza, congregando y escuchando lo hará sin duda más rápido, justo y con posibilidades de crear mayor valor para todos. El futuro lo construimos, todos los días, con todos.

Esta columna fue publicada inicialmente en UdeA Noticias el día 11 de abril de 2023.

Asombro, si pudiera recogerse en una sola emoción, ha causado en la opinión pública el discurso, y sus ajustes, del gobierno actual frente a la política energética del país; el cual se ha centrado en la necesidad de acabar aceleradamente la actividad extractiva del petróleo para darle paso a una nueva capacidad de generación de fuentes de energía renovable que sustituyan la hegemonía de los hidrocarburos, tan útiles y necesarios, como contaminantes. Un fin deseable pero cuyos métodos merecen discusión y sobre todo, acuerdos.

El asombro no es por poco. Los combustibles y productos de las industrias extractivas representaron en el 2021 el 69.3% de las ventas de productos colombianos al exterior, por lo que el "Oil made in Colombia", por decirlo así, es nuestro principal producto de exportación y aunque no nos de los mismos réditos marca país que nuestro café; explorar, producir y exportar hidrocarburos son en la actualidad actividades importantes y necesarias para desarrollar nuestra economía, recaudar impuestos y evitar una balanza comercial aún más deficitaria.

Hay que reconocer que los argumentos y principios de la necesidad de la transición energética no son para poner en duda. La urgencia de actuar frente al cambio climático es un asunto con relevancia manifiesta, la necesidad también conocida de mejorar la calidad del aire en las ciudades tan poco nos es ajena; en Medellín por ejemplo, sabemos que como mínimo las alertas ambientales se activan dos veces al año; todo esto sumado por supuesto, a la realidad de que los hidrocarburos son recursos finitos y no renovables (a escala humana).

Una de las primeras cosas que hay que agregar frente a este tema es que este no es ni ha sido el único gobierno reciente comprometido con la transición energética. El gobierno Uribe por ejemplo, impulsó de manera importante la producción de bioetanol y la autogeneración con biomasa, el gobierno Santos por su lado, expidió en 2014 la ley 1715, que creó una marco de incentivos e instrumentos coherentes y materiales para fomentar la inversión en fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), y el gobierno Duque impulsó y desarrolló subastas de energía en firme y de renovables que garantizaron un incremento de la capacidad de generación de FNCER del país y aprobó la ley 2099 de 2021, que extendió los incentivos a la generación de hidrógeno, a la geotermia y a la inversión en tecnologías complementarias para la transición como la de medidores inteligentes; dado lo anterior, no sería descabellado afirmar que en Colombia el impulso a la transición energética es ya una política coherente y consistente de Estado.

También vale la pena aclarar el mito de la energía limpia en Colombia. Por lo avatares de la comunicación, confundimos con frecuencia la composición de nuestra matriz de generación de energía eléctrica, con nuestra matriz de consumo energético. Si bien de la primera podemos decir que es renovable y limpia (ya instalada, en operación, por supuesto), con cerca de un 70% de la capacidad instalada en generación hidroeléctrica, lo cierto es que cuando hablamos de consumo energético (que incluye actividades como el transporte y los grandes consumos industriales), el 80% de la energía que consumimos proviene de fuentes no renovables, cifra que da cuenta de un modo de vida y producción dependiente principalmente de los hidrocarburos; y por lo mismo, es cierto que nuestro país debe ocuparse con determinación de la transición.

Adicionalmente, también es sensato comprender que, en el contexto de la transición energética, la tecnología, con sus posibilidades y restricciones, juega un papel crucial. No todas las necesidades de consumo energético se podrán satisfacer con energía eléctrica que provenga de fuentes renovables, o al menos no en el corto plazo que nos ofrece nuestra vida. Existen retos importantes no solo en las tecnologías de generación de energía, sino en las requeridas para brindar confiabilidad al suministro de la energía que producen (por su naturaleza esencialmente intermitente) como las baterías a gran escala, y en las tecnologías de los artefactos que usamos para satisfacer nuestras necesidades, como por ejemplo las del transporte marítimo y aéreo.

Así, aunque las intenciones del nuevo gobierno están bien encaminadas, se deben hacer acompañar siempre de criterio técnico, juicios balanceados, capacidades ejecutoras e incentivos adecuados. Cuando la sensatez aflora el mercado y la sociedad lo agradecen. Una buena muestra de esto, es la declaración del ministro Ocampo sobre la transición energética, en la cual indica la necesidad de comprender (y actuar en consecuencia) que cuándo se habla de transición, hay que sumar a la dimensión energética siempre otras dos dimensiones: la fiscal y la exportadora, que implican saber cómo se sustituyen los impuestos e ingresos de la nación (recibidos directamente por cuenta de su participación accionaria en Ecopetrol) que se dejarían de percibir en el corto y mediano plazo y cómo fomentar una industria diversificada de exportación que permita mejorar (o en su defecto compensar) la balanza comercial y asegurar un ingreso adecuado de divisas al país.

Por fortuna, el gobierno no se encuentra solo en su propósito, y cuenta precisamente con los grandes actores de la industria de hidrocarburos del país como aliados, que entendiendo el futuro de sus negocios y las señales del mercado, desarrollan ambiciosos planes para reconvertir capacidades y tecnologías, y desarrollar innovaciones para garantizar su continuidad en el futuro como actores incumbentes en los mercados en donde participan y quieren expandirse; siendo particularmente llamativos los esfuerzos para la producción rentable a gran escala de hidrógeno verde; un combustible limpio y alternativo, que dada la compleja matriz de consumo energético (y sus tecnologías) ofrece oportunidades de negocio y desarrollo.

Una buena forma de continuar impulsando la transición energética en nuestro país, podría partir de mantener los incentivos a las inversiones en generación de fuentes renovables no convencionales, y de buscar fórmulas para acelerar la implementación de la hoja de ruta del hidrógeno ya trazada; así mismo, podría apalancar la inversión en ciencia, tecnología e innovación para la transición; y en fortalecer capacidades institucionales de planeación y estructuración de proyectos; por supuesto, también debe buscar trabajar conjuntamente con empresas y comunidades para viabilizar los proyectos de infraestructura que se requieren. En el propósito de la transición energética, en nuestro país el camino institucional está abonado y los agentes alineados. Construir sobre lo construido y trabajar de la mano con los agentes del sector podría continuar siendo la mejor receta.

En el ámbito de las propuestas concretas; cosas como las siguientes se podrían estudiar para determinar su potencial de aporte de valor: establecer en la Guajira y en Antioquia en concurso con universidades y empresas públicas y privadas, centros de ciencia, tecnología e innovación en soluciones para la transición energética; y estudiar la posibilidad de establecer zonas francas en estos mismos departamentos para empresas que en el futuro puedan dedicarse a la producción y exportación de hidrógeno verde a clientes al otro lado de los océanos atlántico y pacífico. También valdría la pena desplegar la diplomacia para seguir de cerca y aprender de la implementación de la estrategia nacional de Chile para la producción de hidrógeno verde; un convenio de cooperación con el Estado chileno y universidades que nos permita ser socios y participar de sus investigaciones e innovaciones también le vendría bien a nuestro país. Así mismo, entender y categorizar nuestro potencial en minerales de la transición (como el silicio) también podría ser un buen impulso que desde este gobierno y en el corto plazo se puede realizar.

Finalmente, así como no hay nada más práctico que una buena teoría, el país requiere que el gobierno sea capaz de poner su filosofía en acción de forma estratégica y pragmática, entendiendo cada desafío y oportunidad en el camino que debemos recorrer (acelerada, ordenada y sobre todo, inteligentemente) en la transición energética sin caer en las fórmulas simples y dogmáticas que ofrecen las ideologías de cualquier orilla, con consciencia de cada uno de los roles que juega y espera tener; como regulador, inversionista, ejecutor, promotor pero sobre todo, como responsable de generar condiciones de desarrollo económico y de cumplir con las expectativas y mandatos de la sociedad colombiana.

*Esta reflexión fue publicada el 05 de septiembre de 2022 en la sección de opinión de UdeA Noticias