Recientemente se publicó el Índice Departamental de Competitividad (IDC), un esfuerzo por medir y comparar las capacidades de los 32 departamentos de Colombia y Bogotá para crear y mantener actividades económicas que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes, construyendo, atrayendo y reteniendo inversión y talento, y utilizando sus potencialidades para generar beneficios sostenibles a largo plazo. El informe, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, adapta al país la metodología del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial y ofrece una fotografía actualizada con base en indicadores de fuentes oficiales.

La versión 2025 incluye 98 indicadores “duros” agrupados en 13 pilares y 4 factores. Su fortaleza radica en la comparabilidad, pero también tiene limitaciones: tiende a premiar capacidades propias de economías urbanas e industriales. A pesar de que el mismo informe reconoce que Colombia es un país de regiones diversas y heterogéneas y que “no existe una fórmula única que pueda replicarse en todos los departamentos”, el IDC promedia de forma simple los 13 pilares para obtener un puntaje general en una escala de 1 a 10, asumiendo igual relevancia en todos los territorios. Es una decisión metodológica que, al no ponderar vocaciones diferenciadas —conservación en la Amazonía o industria en Antioquia, por ejemplo—, termina homogeneizando realidades disímiles.

Así como no tiene sentido comparar a un pez y a un mono por su capacidad para subir un árbol, parece no tener sentido comparar a departamentos como Antioquia y el Amazonas por su capacidad para desarrollar actividades de producción industrial o su capacidad para proveer servicios ecosistémicos globales. Medir sin considerar la vocación territorial, no solo podría tratarse de un descuido metodológico, sino que, sin querer, contribuye a crear o perpetuar narrativas erradas sobre el desarrollo y las poblaciones que ocupan estos territorios.

En el ranking general Bogotá (8,13), Antioquia (6,82) y Valle (6,30) ocupan los primeros lugares, mientras que en el extremo opuesto están Amazonas (3,43), Vaupés (3,29), Guainía (2,93) y Vichada (2,52). Este rezago amazónico es estructural dentro de la lógica del índice, pero no necesariamente un “fracaso” frente a su verdadera vocación. De hecho, la región muestra fortalezas en pilares como Instituciones, Sostenibilidad Ambiental, Salud y Mercado Laboral, lo que confirma la existencia de ventajas comparativas distintas a las de una economía industrializada.

A nivel regional, la Amazonía registra los promedios más bajos en 9 de 13 pilares. Sus principales retos están en TIC, innovación, educación superior, formación para el trabajo, sistema financiero, tamaño de mercado y sofisticación/diversificación (con promedios por debajo de 3/10). Esto evidencia que la “vara” del índice privilegia funciones propias de economías densas y diversificadas, dejando de lado el reconocimiento de las diferencias en las vocaciones territoriales.

Aunque el IDC contempla un pilar de Sostenibilidad Ambiental, este representa apenas 1 de los 13 considerados, lo que le otorga un peso marginal frente a los pilares productivo-industriales. Además, los indicadores elegidos —deforestación, eficiencia energética e hídrica, negocios y empleos verdes— miden más bien eficiencia y estructura productiva “verde”, y no la magnitud absoluta de la función ecosistémica. Así, la mayoría de los departamentos amazónicos, cuyo mayor aporte radica en regular el clima global, capturar carbono y albergar biodiversidad única, quedan en posiciones medias o bajas en la calificación de este pilar. De este modo, territorios con baja población o menor formalización económica terminan subvalorados, aunque su aporte estratégico sea vital.

Adicionalmente, el IDC muestra correlación positiva entre puntajes y el tamaño de la economía —medido en PIB—, así como relación con reducciones en pobreza y mejoras en satisfacción con la vida. Dicho de otra manera: el índice se mueve con la escala y densidad económica, lo que inevitablemente favorece a departamentos grandes y diversificados. Esto no lo invalida, pero sí alerta sobre el riesgo de extrapolarlo para juzgar territorios cuya función nacional y global es ecosistémica más que industrial.

En todo caso, contar con un instrumento como el IDC es valioso en un país donde acceder e interpretar datos sigue siendo complejo. El reto está en evolucionar su metodología: incorporar el enfoque de vocaciones territoriales y pasar de la pregunta “¿quién sube mejor al árbol?” a “¿qué aporta mejor cada territorio en su función?”. Antioquia en innovación y clústeres; Bogotá en entorno para los negocios, la Amazonía en regulación climática y biodiversidad; y otras regiones en sus propios diferenciales. En lugar de llegar a un ranking único como resultado final, se puede pensar en resultados o rankings vocacionales (industrial, rural, ambiental, cultural) lo que permitiría valorar mejor el aporte, capacidades y necesidades de cada región para su desarrollo.

Finalmente, el reto es diseñar indicadores que reconozcan esas diferencias sin forzar a los departamentos y sus poblaciones a una carrera que no les corresponde; y que nos permitan encontrar las brechas y oportunidades con mayor impacto para diseñar y ejecutar mejores políticas de desarrollo. Porque, al final, medir también es contar historias. Y las historias que contamos sobre nuestros territorios terminan moldeando la manera en que los vemos, los gobernamos y los habitamos.

La reciente crisis de agua que ha afrontado Bogotá nos deja una lección invaluable: ninguna gran ciudad o región está exenta de enfrentar desafíos asociados al suministro de agua, sin importar cuán robusta sea su economía o su infraestructura. Las presiones demográficas ponen a prueba la capacidad de planeación y gestión del recurso hídrico, y estas, a su vez, marcan los límites del desarrollo urbano. Sin agua no hay vida, y punto. El acceso, la calidad y la conservación del agua son esenciales para garantizar la existencia y el futuro crecimiento de nuestras ciudades.