Hasta hace poco más de un par de meses, el suministro de energía para más de 50 millones de colombianos y el abastecimiento de agua potable para una ciudad tan importante como Bogotá, se encontraron seriamente amenazados por el impacto severo pero no imprevisto del fenómeno del niño en el 2024; una condición climática caracterizada por la escasez de lluvias y el aumento de la temperatura del aire, con alto impacto en la confiabilidad del suministro de los servicios públicos básicos ya mencionados, y en actividades económicas tan esenciales como la producción de alimentos.

Esta coyuntura, como suele hacerlo, avivó el debate público sobre el sector eléctrico y su capacidad para cubrir las necesidades imperantes de contar con suficiente de suministro energético en los principales centros de consumo del país, un resultado que depende de una ecuación que combina nuevas fuentes de generación de energía con la infraestructura requerida para transportarla eficientemente a los lugares en dónde se aprovecha y requiere.

Los fantasmas (verdaderos) de posibles racionamientos sirvieron para recobrar la consciencia de la fragilidad humana y de los ecosistemas de nuestro planeta, provocando un pánico efímero pero sentido que movilizó reflexiones positivas alrededor de las acciones necesarias para robustecer nuestras capacidades energéticas migrando a fuentes con menores emisiones de gases de efecto invernadero y preocupándonos por la resiliencia a los impactos del cambio climático.

La transición energética de nuestra época, lejos de ser una necesidad romantizada, es el camino requerido para conservar la habitabilidad del planeta, a la par que se suplen las necesidades energéticas crecientes por el aumento de la población y de la actividad económica. En este escenario, la electrificación de la economía se presenta como una de las acciones más efectivas para sustituir fuentes de energía fósil, por fuentes de energía más sustentables.

En el caso colombiano, preciarnos de tener una de las matrices de generación eléctrica más limpias del mundo, con cerca del 70% de capacidad instalada proveniente de fuentes hídricas, no es suficiente en nuestra ruta de transición, ni motivo de tranquilidad, como nos lo recuerda anualmente cada visita del niño. No solo porque la energía eléctrica tan solo representa cerca del 20% del total de energía consumida en el país (el restante corresponde a energías fósiles), sino porque cada sequía que pasamos raspando, viene acompañada de una mayor amenaza para la siguiente temporada.

Y aunque, el panorama de disponibilidad de fuentes no convencionales de energías renovables en el país es bueno, según los mapas de vientos y radiación solar de los que disponemos; no lo es tanto la realidad de la entrada en servicio de los activos de generación y transmisión que se requieren. Durante los dos últimos años, grandes proyectos en la Guajira (una de las zonas del país con mayor potencial de FNCER) se han visto afectados y retrasados, hasta el punto de que algunos de ellos han sido abandonados y futuras inversiones postergadas de manera indeterminada.

La aceleración de la transición energética implica que más activos de generación y transmisión estén disponibles no solo para cubrir el crecimiento de la nueva demanda de energía, sino para sustituir las fuentes fósiles actuales. Un cálculo ligero, nos indica que tan solo para electrificar el sector transporte en la actualidad, requeriríamos, adicionar al menos tres nuevos sistemas eléctricos (como el que ya tenemos) al país en pocos años. Cálculos, solo para las redes de transmisión, nos indican que se requiere que en el mundo crezcan al menos entre 2.5 y 3 veces para el 2050.

Continuar la aceleración de la transición energética, más allá de las soluciones técnicas, precisa la disposición para retar paradigmas. Acelerarla, no solo no es un capricho, sino la conclusión evidente de los datos de la ciencia y las necesidades que se manifiestan con cada desastre climático que sorteamos. ¿Qué hacer para acelerar la transición energética, justa y centrada en el ser humano? es una pregunta de naturaleza existencial, cuyas respuestas tienen serias implicaciones no solo en nuestra calidad de vida, sino en la supervivencia misma.

Más allá de requerir seguir afianzando el trabajo interinstitucional del gobierno con las empresas del sector eléctrico, continuar con el fortalecimiento de las entidades estatales de planeación y regulación, y promover con señales claras la inversión en el sector; que permitan la puesta en servicio de nuevas fuentes de energía renovable no convencional y las redes de transmisión de energía eléctrica que requieren para llevar la energía a dónde se requiere; es preciso que pensemos y retemos, la forma en que nos relacionamos con los otros y la naturaleza. La transición energética es sobre todo transitar un cambio en nuestro consumo energético; y esto no es otra cosa, en palabras sencillas, que cambiar en buena parte nuestro estilo de vida ganando en consciencia sobre su impacto en el planeta.