Competitividad en Colombia: desafíos, recomendaciones y el rol del ciudadano

La competitividad, lejos de ser un tema reservado a los economistas, impacta significativamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, influyendo en aspectos como la posibilidad de encontrar empleo de calidad o abastecerse de una canasta diversificada de bienes y servicios a precios razonables; los cuales dependen en gran medida de factores competitivos que favorecen el desarrollo económico y el incremento de bienestar de la población que habita un territorio.

Desde su origen en el latín "competere" (aspirar, luchar por un premio), el concepto ha evolucionado, siendo influenciado por factores económicos, sociales y tecnológicos. La concepción actual de competitividad puede remontarse a la economía clásica cuando Adam Smith y David Ricardo teorizaron sobre la ventaja absoluta y la ventaja comparativa de las naciones en el comercio mundial, indicando que está última correspondía principalmente a elementos distintivos como el clima y a la dotación de factores y recursos naturales, que hacían que producir un bien fuera más eficiente en un país que en otro.

Una mirada más moderna del concepto de competitividad fue aportada por Michael Porter en los 80's, quien definió el concepto de ventaja competitiva de la empresa como la capacidad que tiene para obtener y sostener una posición relevante en el mercado, mediante estrategias de diferenciación, focalización o eficiencia en costos; el cual luego extendió al alcance nacional; considerando elementos que van más allá de la dotación de factores, como las condiciones de la demanda, la complementariedad y sinergia de sectores afines; y la forma en que se crean, organizan y gestionan las empresas, en un ambiente de competencia interna.

Actualmente, las "notas ocultas" en la esencia de la competitividad son diversas, y si se quiere, de naturaleza compleja. Por ejemplo, para el Foro Económico Mundial (WEF), los pilares de la competitividad comprenden: un ambiente habilitador (instituciones, infraestructura, adopción de las TICs y estabilidad macroeconómica), madurez de los mercados (mercado de productos, mercado laboral, sistema financieros y tamaño del mercado), desarrollo del capital humano (salud y competencias) y ecosistemas de innovación funcionales (dinamismo de los negocios y capacidades de innovación).

En el caso colombiano, los datos macroeconómicos más recientes muestran un crecimiento de -0.3% del PIB para el tercer trimestre del 2023, explicado principalmente por la afectación de las actividades manufactureras, de construcción y el comercio; lo cual genera alarma y aviva la búsqueda de soluciones de fomento y crecimiento estructural; en últimas, intervenciones que mejoren la competitividad de la economía colombiana.

De acuerdo con el Anuario de Competitividad Mundial, publicado por Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), Colombia ocupa en el 2023 el puesto número 58 entre los países más competitivos del mundo, descendiendo en el ranking 6 puntos, si se compara con los resultados del 2019, en el que ocupaba el puesto número 52. Asimismo, según la última medición disponible, realizada en el 2019, del Índice de Competitividad Global del WEF, Colombia ocupó el lugar 57 entre 141 países evaluados. Lo cual indica, que existe una amplia tarea para elevar la competitividad nacional, además de coincidencia en la evaluación realizada con instrumentos internacionales de la situación del país.

Según estos informes especializados, en el caso colombiano los principales desafíos se concentran en cerrar las brechas de productividad en la agricultura y la industria a través de la innovación, implementar estrategias para mejorar la resiliencia frente a los impactos climáticos, mejorar la eficacia de la inversión en ciencia, tecnología e innovación; ejecutar proyectos estratégicos que generen mayor impacto regional, controlar la presión inflacionaria, mejorar la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios, mejorar el desarrollo de infraestructura vial y energética; a lo cual se suma la preocupación de la OCDE por la alta tasa de informalidad laboral.

Una mirada desde el Consejo Privado de Competitividad de Colombia (CPC), una institución que analiza las brechas del país en su capacidad de crear ventajas competitivas, presenta recomendaciones importantes en 16 dimensiones de la competitividad, que van desde implementar un programa de evaluación y modificación de la regulación basado en la medición de costos y consolidar el Registro Social de Hogares como sistema para la asignación subsidios; para mejorar la eficiencia del estado; hasta acelerar el cumplimiento y mejorar la articulación de las políticas de desarrollo productivo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI); pasando por áreas tan diversas como productividad agropecuaria, crecimiento verde, sistema pensional, justicia y seguridad, entre otros.

En el sector energético, las recomendaciones del CPC incluyen desarrollar una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos, universalizar la cobertura del servicio de energía eléctrica, fortalecer las capacidades de planeación, ejecución de obras y regulación en el sector; avanzar en el proceso de digitalización de la red eléctrica, implementar la hoja de ruta para la adopción del hidrógeno, potenciar la estrategia nacional de sustitución de leña con fines energéticos, y avanzar en acciones complementarias para el desarrollo de la movilidad sostenible, entre otras.

Finalmente, ante la complejidad de factores que influyen en la competitividad de un país es fácil sentirse abrumado, y aunque muchos de ellos parecen alejarse del alcance directo de los ciudadanos, preguntarse cómo contribuir siendo individuo a la competitividad vale la pena. Una respuesta a esta pregunta puede incluir aspectos sin limitarse a ellos, como: educarse e invertir en el desarrollo de habilidades relevantes, adoptar un espíritu innovador y apoyar a emprendedores e industrias locales; fomentar y hacer uso de las tecnologías, participar activamente en la vida cívica, promover prácticas sostenibles, y actuar éticamente.

*Esta reflexión fue publicada el 01 de diciembre de 2023 en la sección de opinión de UdeA Noticias

Transición energética en Colombia: una realidad en progreso y qué hacer para acelerarla

Asombro, si pudiera recogerse en una sola emoción, ha causado en la opinión pública el discurso, y sus ajustes, del gobierno actual frente a la política energética del país; el cual se ha centrado en la necesidad de acabar aceleradamente la actividad extractiva del petróleo para darle paso a una nueva capacidad de generación de fuentes de energía renovable que sustituyan la hegemonía de los hidrocarburos, tan útiles y necesarios, como contaminantes. Un fin deseable pero cuyos métodos merecen discusión y sobre todo, acuerdos.

El asombro no es por poco. Los combustibles y productos de las industrias extractivas representaron en el 2021 el 69.3% de las ventas de productos colombianos al exterior, por lo que el "Oil made in Colombia", por decirlo así, es nuestro principal producto de exportación y aunque no nos de los mismos réditos marca país que nuestro café; explorar, producir y exportar hidrocarburos son en la actualidad actividades importantes y necesarias para desarrollar nuestra economía, recaudar impuestos y evitar una balanza comercial aún más deficitaria.

Hay que reconocer que los argumentos y principios de la necesidad de la transición energética no son para poner en duda. La urgencia de actuar frente al cambio climático es un asunto con relevancia manifiesta, la necesidad también conocida de mejorar la calidad del aire en las ciudades tan poco nos es ajena; en Medellín por ejemplo, sabemos que como mínimo las alertas ambientales se activan dos veces al año; todo esto sumado por supuesto, a la realidad de que los hidrocarburos son recursos finitos y no renovables (a escala humana).

Una de las primeras cosas que hay que agregar frente a este tema es que este no es ni ha sido el único gobierno reciente comprometido con la transición energética. El gobierno Uribe por ejemplo, impulsó de manera importante la producción de bioetanol y la autogeneración con biomasa, el gobierno Santos por su lado, expidió en 2014 la ley 1715, que creó una marco de incentivos e instrumentos coherentes y materiales para fomentar la inversión en fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), y el gobierno Duque impulsó y desarrolló subastas de energía en firme y de renovables que garantizaron un incremento de la capacidad de generación de FNCER del país y aprobó la ley 2099 de 2021, que extendió los incentivos a la generación de hidrógeno, a la geotermia y a la inversión en tecnologías complementarias para la transición como la de medidores inteligentes; dado lo anterior, no sería descabellado afirmar que en Colombia el impulso a la transición energética es ya una política coherente y consistente de Estado.

También vale la pena aclarar el mito de la energía limpia en Colombia. Por lo avatares de la comunicación, confundimos con frecuencia la composición de nuestra matriz de generación de energía eléctrica, con nuestra matriz de consumo energético. Si bien de la primera podemos decir que es renovable y limpia (ya instalada, en operación, por supuesto), con cerca de un 70% de la capacidad instalada en generación hidroeléctrica, lo cierto es que cuando hablamos de consumo energético (que incluye actividades como el transporte y los grandes consumos industriales), el 80% de la energía que consumimos proviene de fuentes no renovables, cifra que da cuenta de un modo de vida y producción dependiente principalmente de los hidrocarburos; y por lo mismo, es cierto que nuestro país debe ocuparse con determinación de la transición.

Adicionalmente, también es sensato comprender que, en el contexto de la transición energética, la tecnología, con sus posibilidades y restricciones, juega un papel crucial. No todas las necesidades de consumo energético se podrán satisfacer con energía eléctrica que provenga de fuentes renovables, o al menos no en el corto plazo que nos ofrece nuestra vida. Existen retos importantes no solo en las tecnologías de generación de energía, sino en las requeridas para brindar confiabilidad al suministro de la energía que producen (por su naturaleza esencialmente intermitente) como las baterías a gran escala, y en las tecnologías de los artefactos que usamos para satisfacer nuestras necesidades, como por ejemplo las del transporte marítimo y aéreo.

Así, aunque las intenciones del nuevo gobierno están bien encaminadas, se deben hacer acompañar siempre de criterio técnico, juicios balanceados, capacidades ejecutoras e incentivos adecuados. Cuando la sensatez aflora el mercado y la sociedad lo agradecen. Una buena muestra de esto, es la declaración del ministro Ocampo sobre la transición energética, en la cual indica la necesidad de comprender (y actuar en consecuencia) que cuándo se habla de transición, hay que sumar a la dimensión energética siempre otras dos dimensiones: la fiscal y la exportadora, que implican saber cómo se sustituyen los impuestos e ingresos de la nación (recibidos directamente por cuenta de su participación accionaria en Ecopetrol) que se dejarían de percibir en el corto y mediano plazo y cómo fomentar una industria diversificada de exportación que permita mejorar (o en su defecto compensar) la balanza comercial y asegurar un ingreso adecuado de divisas al país.

Por fortuna, el gobierno no se encuentra solo en su propósito, y cuenta precisamente con los grandes actores de la industria de hidrocarburos del país como aliados, que entendiendo el futuro de sus negocios y las señales del mercado, desarrollan ambiciosos planes para reconvertir capacidades y tecnologías, y desarrollar innovaciones para garantizar su continuidad en el futuro como actores incumbentes en los mercados en donde participan y quieren expandirse; siendo particularmente llamativos los esfuerzos para la producción rentable a gran escala de hidrógeno verde; un combustible limpio y alternativo, que dada la compleja matriz de consumo energético (y sus tecnologías) ofrece oportunidades de negocio y desarrollo.

Una buena forma de continuar impulsando la transición energética en nuestro país, podría partir de mantener los incentivos a las inversiones en generación de fuentes renovables no convencionales, y de buscar fórmulas para acelerar la implementación de la hoja de ruta del hidrógeno ya trazada; así mismo, podría apalancar la inversión en ciencia, tecnología e innovación para la transición; y en fortalecer capacidades institucionales de planeación y estructuración de proyectos; por supuesto, también debe buscar trabajar conjuntamente con empresas y comunidades para viabilizar los proyectos de infraestructura que se requieren. En el propósito de la transición energética, en nuestro país el camino institucional está abonado y los agentes alineados. Construir sobre lo construido y trabajar de la mano con los agentes del sector podría continuar siendo la mejor receta.

En el ámbito de las propuestas concretas; cosas como las siguientes se podrían estudiar para determinar su potencial de aporte de valor: establecer en la Guajira y en Antioquia en concurso con universidades y empresas públicas y privadas, centros de ciencia, tecnología e innovación en soluciones para la transición energética; y estudiar la posibilidad de establecer zonas francas en estos mismos departamentos para empresas que en el futuro puedan dedicarse a la producción y exportación de hidrógeno verde a clientes al otro lado de los océanos atlántico y pacífico. También valdría la pena desplegar la diplomacia para seguir de cerca y aprender de la implementación de la estrategia nacional de Chile para la producción de hidrógeno verde; un convenio de cooperación con el Estado chileno y universidades que nos permita ser socios y participar de sus investigaciones e innovaciones también le vendría bien a nuestro país. Así mismo, entender y categorizar nuestro potencial en minerales de la transición (como el silicio) también podría ser un buen impulso que desde este gobierno y en el corto plazo se puede realizar.

Finalmente, así como no hay nada más práctico que una buena teoría, el país requiere que el gobierno sea capaz de poner su filosofía en acción de forma estratégica y pragmática, entendiendo cada desafío y oportunidad en el camino que debemos recorrer (acelerada, ordenada y sobre todo, inteligentemente) en la transición energética sin caer en las fórmulas simples y dogmáticas que ofrecen las ideologías de cualquier orilla, con consciencia de cada uno de los roles que juega y espera tener; como regulador, inversionista, ejecutor, promotor pero sobre todo, como responsable de generar condiciones de desarrollo económico y de cumplir con las expectativas y mandatos de la sociedad colombiana.

*Esta reflexión fue publicada el 05 de septiembre de 2022 en la sección de opinión de UdeA Noticias

Época electoral: un llamado a la participación ciudadana

El desarrollo de la época electoral en Colombia no es muy distinto al que se vive en cualquier otro país del mundo. Imágenes infladas con visos mesiánicos, esperanzas desinfladas por escándalos y ánimos caldeados en todos los bandos, abundan y hastían hasta la saciedad; compitiendo por el favor de las masas convocadas para el ritual de la democracia; y a pesar de su naturaleza (o la nuestra), es el momento clave para el destino de las naciones.

Así, la víspera de cada periodo electoral convierte a las plazas públicas y los medios masivos de comunicación en el escenario de disputas variopintas. Las carpas del circo electoral se tienden, y los animadores (candidatos, bien o mal asesorados), comienzan a preparar sus espectáculos. El zoológico electoral, diverso e inclusivo (un gran punto a su favor, sin duda), nos ofrece discursos y acciones a la carta, especialmente diseñadas para el deleite de las mayorías.   

La fórmula de argumentación es simple, oportunista y taquillera; se busca movilizar más que explicar, con relatos que apelan a los sentimientos más que a los datos y los hechos, postverdades; mientras que la verdad es irrelevante y molesta, sobre todo si lesiona, o amenaza con hacerlo, los intereses propios o de grupos allegados. 

Los cálculos políticos abundan y se traducen en alianzas, coaliciones, avales, disputas, dádivas interesadas, denuncias, recusaciones, fakenews, cohechos, trampas y promesas falsas. Apelando a la par a la ambición y la ignorancia de las personas, buscando alcanzar los apoyos requeridos para ganar, en nombre propio o a través de otros, mientras se saca del paso a los competidores.

Se "explota" además, la imagen del candidato. Si hay orígenes humildes, se aprovechan; si hay algo de belleza o vitalidad, se exalta; y los títulos académicos y conferidos por la experiencia administrativa son por supuesto magnificados según convenga o inventados si así se requiere. No hay político feo sino mal asesorado o fondeado.

Pero por supuesto NO todo es malo. El escenario electoral ofrece a los ciudadanos la posibilidad de expresarse y mostrar su apoyo o descontento a las distintas corrientes políticas, y es precisamente el momento que permite la forma más visible de expresión ciudadana posible en una democracia. La participación política permite hacer parte de las decisiones relevantes del lugar en que se habita y las votaciones electorales son la primera oportunidad para hacerlo en cada ciclo de gobierno.

Adicionalmente, es la época electoral la que permite mayores cambios y mejoras en la administración pública, en particular, cuando confluyen los buenos candidatos y el ejercicio responsable del derecho al voto. Por más decepcionante que a veces parezcan, las elecciones son un lujo que no todos los países poseen y una oportunidad de participación que millones de personas en el mundo desconocen. De ahí la importancia de implicarse responsablemente en este ejercicio ciudadano.

Frente a semejante panorama, el escepticismo ciudadano es clave. La confianza que constituye el mayor activo social que puede tener una comunidad, en este caso se cuida con una duda metódica y responsable. Dudar de los discursos que posan de infalibles o apelan al odio, de las promesas demasiado buenas y de las hojas de vida impolutas es razonable. Apoyar sin olvidar la falibilidad del candidato y sin apasionamientos, también es inteligente; más aún, si el candidato posa de mesías con demasiada frecuencia.

La invitación es clara. Participemos de la época electoral de manera responsable. Valoremos la oportunidad de elegir y expresar. Cuestionemos las ideas, sobre todo las que más nos gustan, y sintámonos responsables de las decisiones que impactan el crecimiento del país y el bienestar de todos. Colombia es con usted, es conmigo, con su familia y con sus amigos. Vote responsablemente NO por un candidato, sino por usted, por sus seres queridos y por su país.

*Esta reflexión fue publicada el 03 de enero de 2022 en la sección de opinión de UdeA Noticias

Optimismo individual y aprendizaje colectivo en la pandemia del coronavirus

La inextinta pandemia del coronavirus que para la fecha en la que escribo estas líneas ha cobrado cerca de 4.2 millones vidas en el mundo y más de 121 mil vidas en Colombia, llegó al mejor estilo de un castigo bíblico para recordarnos la fragilidad de nuestra especie y las limitaciones de su racionalidad tecnológica, que en algún momento olvidamos y cuyas ausencias, llenando de otro sentido las palabras de Harari; nos habían permitido mantener el espejismo de haber pasado de animales a dioses, y afianzar la errada idea de invulnerabilidad y progreso ilimitado de la civilización humana.

Tanto dolor experimentado en cuerpo propio o de allegados, no solo ha permitido acrecentar la consciencia sobre una condición humana frágil, interdependiente y si se quiere, efímera; también llenó de rituales, en apariencia simples, nuestras vidas y cambió de manera sustancial la forma en la que nos aproximamos para cuidarnos de otros y a otros, en las mismas proporciones. 

El miedo generalizado que en algún momento llenó de pánico nuestras visiones de futuro, reduciéndolas a escenarios apocalípticos soñados en la seguridad del hogar, ha dado paso a la valentía que solo la ignorancia otorga, en medio de un contexto de necesidad que reclama para sí el derecho de uso sobre personas para los fines de un sistema (sea cual sea), y el bien mayor que representa su existencia. 

Como si no quisiéramos dejar de recordar a Pangloss (un Leibniz caricaturizado por Voltaire en Cándido o el optimismo) y sus premisas de que "nuestro mundo es el mejor de los mundos posibles" y "no existe efecto sin causa", el optimismo individual aflora como un remedio que mantiene la cordura y que en la dosis correcta (la sobredosis), permite avanzar con esperanza en medio de la incertidumbre por más oscura que sea la noche; embriagando a la sociedad con un cóctel que mezcla a cántaros, la ignorancia vigorizante con un posibilismo obstinado. 

La firme convicción en que el futuro estará compuesto de mejores tiempos, orienta nuestras acciones a nivel individual. La necesidad de salir del túnel que hace año y medio llegó a parecernos ciego, se convierte en una fuerza vital que impulsa, una esperanza inagotable que nutre de sentido futuro la voluntad del presente, evitando que se extinga con los hechos, por más estériles que parezcan.

El optimismo, como mecanismo (evolutivo quizá) parece operar aplicando un olvido selectivo o una indiferencia transcendente (no por su motivación sino por su impacto), que banaliza la amenaza y nos permite retomar la vida de una manera casi irreflexiva, despojándonos de temores y permitiéndonos el bienestar individual en medio de un contexto amable compuesto de seres conocidos, objetos que nos pertenecen y una sobrevalorada sensación de seguridad; en lo que podría ser un ejemplo de vuelta al huevo original, en la que corremos el riesgo de no aprender y al final perder como especie.

Las lecciones que la historia nos ofrece en este azar del destino (un virus improbable y de origen desconocido), son de un valor incalculable como preludio para enfrentar males mayores, en el que el cambio climático es un ejemplo. El dolor del que queremos alejarnos con tanto ahínco, no es del todo malo y nos enseña a valorar no solo lo simple y que de verdad importa a nivel individual, entre lo que se encuentra: la noción de nuestra fragilidad, la posibilidad de convivir con otros, la libertad para desplazarnos para conocer otros contextos, y el uso del tiempo de manera consciente; sino que nos invita como sociedad a revalorar conceptos como la productividad, el ocio, la corresponsabilidad y el propósito de la relación con el entorno.

El llamado, humanista si se quiere, es a evitar que el optimismo individual desbordado nos aleje del aprendizaje colectivo necesario. Si bien es claro que no podemos vivir con miedo y que el optimismo es positivo en la medida que nos permite superar el presente por más desesperanzador que nos parezca, vale la pena llevar con orgullo las huellas de la pandemia. Como colectivo humano, la necesidad de un museo a la memoria de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus no debería ser una idea descartable.

Sobre la consciencia de la fragilidad humana

La situación actual resultado de la pandemia del coronavirus, que nos obliga a mantener un estricto aislamiento preventivo, se presenta como un desafío sin precedentes en la historia reciente de la humanidad; dejando al descubierto no sólo nuestra fragilidad como especie, si no, lo precario que hay en la fe ciega en el progreso técnico, que nos ha llevado a considerar posible continuar con el desbordado modo de vida que llevamos, a pesar de los llamados que por décadas se han hecho, para encontrar otras formas de producción y vida, más conscientes y sostenibles. 

Desde el punto de vista individual, no son pocos los retos cotidianos: la proximidad con el otro, sin duda añorada, es tóxica; los espacios donde otrora transcurría la vida, ahora se encuentran clausurados; la satisfacción de las necesidades básicas se ha dificultado en extremo; y la desconfianza de manera casi literal, se respira en el aire. De tal suerte, que el animal social que somos, cada vez se relaciona menos y de menos formas con los otros. 

Como sociedad las tensiones derivadas o exacerbadas por la Covid-19 son todavía mayores. Visiones encontradas sobre la pertinencia de las políticas de aislamiento preventivo, el miedo irracional, la poca confianza en las instituciones y una disposición cada vez menor al cuidado de sí mismo y de los otros; se toman la opinión pública, a causa entre otras motivaciones, de las reales y difíciles condiciones económicas que ha impuesto de facto el aislamiento; la precariedad del sistema de salud, lo atractivo que existe en las teorías conspirativas y el negacionismo científico, y el poco interés que en general parece suscitar el bienestar ajeno. 

Así, lo anterior hace evidente, no solo nuestra fragilidad física manifestada en la posibilidad de adquirir una enfermedad con desenlace mortal, sino como diría Bauman, también las otras dos facetas que componen la fragilidad humana, a saber, la fragilidad mental evidenciada en nuestra capacidad limitada para entender la nueva realidad; y nuestra fragilidad moral, presente en todos los momentos en los que nos permitimos actos que censuraríamos sin pensar si fueran cometidos por los demás. 

De esta forma, frágiles y temerosos; a la vez que vivimos intensos debates públicos entre falsos dilemas: economía o cuidado de la vida, cuidado de los mayores y vulnerables o el desarrollo de las nuevas generaciones, bienestar personal o bienestar colectivo, entre otros; nos encontramos con la aberrante y privada escena frente al espejo, de los más íntimos reproches y las promesas personales no cumplidas, que nos recuerdan la búsqueda incesante de sentido que se olvida por los afanes cotidianos. 

Mas lo interesante del asunto, lo esperanzador si se quiere, es que esta cierta consciencia de vulnerabilidad, colectiva y pesimista, que en un principio asusta y enoja, también se presenta como puerta de cambio, oportuna y cercana, hacia la necesidad de una vida más serena y con propósito; lo que permite convertir la incomodidad y confusión, en acciones para mejores futuros (imperfectos por supuesto), más amables, prósperos y cercanos. 

En este punto, vale la pena recordar la enseñanza de Zuleta, en su elogio a la dificultad: esencialmente deseamos mal, en vez de soñar con una vida llena de retos y pruebas que superar; buscamos el regreso al huevo original, a una inmensa salacuna de tranquilidad; paraíso, como bien diría él y para nuestro bien, afortunadamente inexistente. Es así, como este doloroso shock se ofrece también para aprender a construir una mejor humanidad, oportunidad que sin duda debemos aprovechar.

*Esta reflexión fue publicada originalmente el 10 de agosto de 2020 en la sección de opinión de UdeA Noticias

A propósito de las respuestas económicas a la crisis sanitaria por el coronavirus

La crisis sanitaria actual provocada en todo el mundo por la expansión del coronavirus causante del Covid-19 no es solo un desafío para la supervivencia inmediata de las personas, sino que implica enormes retos para mantener las condiciones y calidad de vida de la población en el mediano y largo plazo. Las condiciones de la pandemia y las características de su propagación hacen que sea necesario implementar medidas de aislamiento social permanente, para evitar que los casos que se complican saturen el sistema de salud colombiano, como ya ha venido ocurriendo en países como Italia y España. 

No hay que ser un experto en la materia, para saber que este aislamiento permanente no es sostenible en el tiempo y que el impacto que tiene sobre la economía puede generar consecuencias devastadoras para la mayoría de hogares colombianos, y principalmente, para aquellos que viven de la actividad económica informal, que como bien han dicho expertos en una reciente reunión convocada por Fedesarrollo, es principalmente una economía de contacto, en dónde la proximidad y las multitudes son el medio del intercambio y la fuente de los ingresos de subsistencia. 

Las consecuencias económicas derivadas de la crisis no se han hecho esperar, y Colombia, en este caso, no es una excepción. Por lo cual la definición de medidas que protejan a la población y permitan la recuperación económica rápidamente son de una naturaleza imperativa, y aunque es evidente, que la prioridad actual debe ser la prevención, la detección, el control, el tratamiento y la contención del virus; también lo debe ser cuidar a la población económicamente más vulnerable y al tejido empresarial más débil durante la emergencia, que se extenderá durante varios meses. 

Estás medidas deben ir más allá de los tradicionales instrumentos de política macroeconómica, e incluir entre otras, alivios tributarios y transferencias directas a personas y empresas; subsidios al pago de nóminas en los sectores que más lo necesiten y la implementación de planes de continuidad de la operación, que garanticen que los servicios institucionales del Estado estarán disponibles durante la crisis. 

Por lo pronto, parece ser un acierto garantizar la liquidez y ofrecer garantías cambiarías a las empresas, tal y como lo está haciendo el Banco de la República, así como buscar fuentes de recursos para poner a disposición de gobernadores y alcaldes, como lo está proponiendo el gobierno nacional, al señalar recursos del fondo de estabilización de combustibles y recursos de ciencia y tecnología que por barreras administrativas y de conocimiento se acumulan sin generar el valor social debido (sin duda, una reflexión pendiente por parte de las Universidades). También lo sería flexibilizar la regla fiscal, con el objetivo de que haya una mayor capacidad de acción, lo cual de seguro se requerirá. 

De esta forma, también son acertadas las medidas focalizadas para los sectores de la población más vulnerable que se han venido anunciando, como lo son incrementos de las transferencias directas a través de los programas sociales del Estado: Colombia mayor, familias en acción y jóvenes en acción. No todos contamos con la misma dotación para superar las presiones reales que para la supervivencia pone esta crisis sobre nosotros, por lo cual, la intervención estatal está más que justificada para garantizar las condiciones que hagan falta para preservar la vida. 

Sin embargo, no solo los más pobres de los pobres están en riesgo. Familias que tienen acceso a ingresos y empleos formales o informales pero distintos al rebusque, que hacen parte de la clase media en consolidación también lo están, por lo cual, en esta coyuntura deberían acceder a medidas económicas que garanticen la continuidad de sus ingresos y empleos. Por lo mismo, tan importante como apoyar mediante transferencias directas a la población más vulnerable, lo es apoyar directamente a sectores empresariales PYMEs. Algunas medidas concretas que podrían implementarse son, entre otras: 

1. Consolidar un censo PYMEs 

2. Promover el pago inmediato de facturas PYMEs entre sus grandes clientes 

3. Congelación de pagos de créditos durante un periodo razonable 

4. Dotación gratuita de equipos de protección personal contra el SARS-CoV-2 (el virus causante del Covid-19) requeridos para su operación 

5. Subsidiar parcialmente el pago de la nómina (tal como lo ha hecho Dinamarca) 

6. Posponer y/o realizar devolución de cobros de impuesto predial, de impuestos de vehículos usados en la operación, de impuestos de industria y comercio, y de registros mercantiles 

7. Acompañamiento permanentemente durante la crisis 

Así mismo, dado que algunos esperan obtener réditos políticos sobre sus posturas y mano firme demostrada en la administración de la crisis, es necesario evaluar con criterio las decisiones que toman las administraciones públicas. Pretender crear una falsa dicotomía entre la economía y la salud de la población es cuando menos, irresponsable, cuando son precisamente los ingresos que se derivan de la actividad económica los que permiten a la población satisfacer sus necesidades, entre ellas, la nutrición y atención básica en salud. 

No está demás, valorar y realizar un reconocimiento a algunas grandes empresas que han dado muestras de entender el momento, y así, han buscado desde la oferta gratuita de sus servicios, la flexibilización de las obligaciones de sus clientes y/o las donaciones; realizar contribuciones en este momento difícil. Sin embargo, dichos aportes, por importantes que sean, a la larga son pequeños e insostenibles frente a las enormes necesidades; por lo que encontrar una forma de reactivar la economía después de las medidas de aislamiento permanente recientemente decretadas y bajo el entendimiento de que será necesario convivir varios meses con el virus, es fundamental. 

La realidad es que pasado el 13 de abril, fecha en la que se terminará la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional, las autoridades se verán en la necesidad de decidir como continuar, y si bien, muy probablemente será prudente extender la medida de aislamiento algunas semanas más, lo cierto es que se deberá encontrar una manera de volver de forma segura a la "normalidad" económica, hasta que se cuente con una solución definitiva para el virus, la cual según los expertos se obtendrá una vez exista una vacuna efectiva disponible para todos, en donde las estimaciones más optimistas indican que esto será posible en un periodo de entre 8 y 12 meses. 

Desde luego, aunque este panorama y las circunstancias no son las más alentadoras, no está demás valorar también la oportunidad que la vulnerabilidad a la que nos expone esta crisis nos ofrece; recordar nuevamente la fragilidad humana y llevarnos a pensar de manera recurrente en lo fundamental y en lo que queremos. Esta es una ocasión, que permite hacer una pausa en el ritmo frenético y automático con el que se conduce la vida e implementar cambios que nos acerquen a los justos medios. No son pocas las tensiones que rodean está crisis de humanidad, como tampoco lo son, nuestra resiliencia, solidaridad y capacidad para innovar.

*Esta reflexión fue publicada originalmente el 26 de marzo de 2020 en la sección de opinión de UdeA Noticias

A propósito de los desafíos de la paz y el derecho a la esperanza

Las recientes declaraciones de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC llamando nuevamente a la guerra, han crispado los ánimos en diversos sectores de la opinión pública del país. Respuestas de todo tipo, sin hacerse esperar, han podido ser oídas, pasando, desde las más reaccionarias y coléricas, hasta las más conciliadoras; mediadas todas, eso sí, por las visiones de temor y horror, que ha dejado la extrema violencia que ha acompañado el desarrollo del país durante los últimos 60 años.

Así mismo, cierto aire de pesimismo y reproche ha tomado para sí, el espacio del entorno que habitamos y el discurso que se escucha y repite constantemente en medios de comunicación y redes sociales; a lo cual, sumados los seguidos desafíos en la gestión de las relaciones internacionales, que han puesto al gobierno de tanto en tanto a evaluar escenarios de confrontación con países vecinos y en la mira de la comunidad internacional, a Colombia como una nación que no honra sus compromisos de estado; genera el escenario perfecto para retornar al pasado de la confrontación y a la comodidad que se halla en la despersonificación y desprecio por el otro, que ofrece la teoría del enemigo único.

Parece no bastar para calmar los ánimos, que más del 90% de los excombatientes de la extinta guerrilla adelantan hoy el camino, no libre de obstáculos y riesgos, de la reincorporación a la vida civil y que gran parte de los compromisos que adquirieron se están cumpliendo, a pesar de la indiferencia y el desprecio  de una buena parte de la población. En un macondiano hecho, la paz de Colombia les importa más a los extranjeros (en especial noruegos) que, a los ciudadanos del país andino, de la cordillera que se "trifurca" y que ha sufrido sin tregua los vejámenes de la guerra, en sus escasos dos centenarios de existencia.

En un libro titulado "Derecho a la esperanza", que recopila ensayos y reflexiones del industrial antioqueño Nicanor Restrepo Santamaría junto con una breve semblanza de su vida, se puede leer la historia de los múltiples procesos de paz que entablaron los gobiernos de Colombia con los grupos armados que ha conocido el país, de los cuales Nicanor Restrepo fue siempre protagonista, algunas veces por encargos oficiales y otras por un activismo proactivo y constructivo ejercido como miembro de la sociedad civil. En sus textos, Nicanor muestra que los intentos de paz en el país no han estado nunca exentos de dificultades y amenazas.  

Lo anterior, debe recordarnos, que los caminos de la paz no son serenos y nos exigen las cualidades más altas para lograr las transformaciones en la forma de relacionarnos y habitar con los otros el territorio que nos reúne. En la búsqueda de alcanzar, como diría Zuleta, la capacidad de vivir de manera constructiva el conflicto y la diferencia, para crear desarrollo y entendimiento en una sociedad hasta ahora esquizoide.

El derecho a la esperanza se traduce entonces, en la capacidad legítima e irreprochable que tenemos todos a aspirar y buscar vivir en un mundo mejor, que lejos de ser un paraíso de cucaña, podría ser un lugar donde todos caben, sin el afán normalizador de la sociedad industrial ni la indiferencia pragmática ante la fragilidad que ofrece la sociedad líquida. Tener derecho a la esperanza es saberse humano y usar la capacidad de transcender que nos brinda el pensamiento, para ir más allá del yo y las circunstancias.

Es por esto, que el momento actual ofrece, nuevamente, la posibilidad de reafirmar el compromiso con el fin del conflicto armado y con la construcción de las condiciones de paz en un país, que a pesar de las dificultades no pierde la alegría y la capacidad de reponerse, incluso, a las noches más oscuras. Sea este el momento, a invitarnos a discernir los hechos y a recordar, como diría Nicanor, el derecho a la esperanza del que gozamos todos.

*Esta reflexión fue publicada originalmente el 26 de septiembre de 2019 en la sección de opinión de UdeA Noticias